Las medidas recientemente presentadas por el Govern no van a servir para abaratar la vivienda a corto plazo y, en el mejor de los casos, su impacto será mínimo e imperceptible al menos hasta dentro de tres o cuatro años, según coinciden en señalar los presidentes de la asociación balear de promotores inmobiliarios (Proinba) y del colegio de agentes de la propiedad de las islas, Luis Martín y Natalia Bueno respectivamente.
La representante de los API reconoce que el plan del Govern tiene aspectos positivos, pero considera que son claramente insuficientes para solventar el problema de acceso a una vivienda actualmente existente en Balears. "Lo han volcado todo en el alquiler social y han sido poco valientes", lamenta Bueno, mientras que el presidente de los promotores critica que la colaboración público-privada de la que desde el Ejecutivo de Francina Armengol se hace gala es en realidad "inexistente".
¿Cuáles son los puntos débiles de las medidas del Govern? En opinión de ambos representantes del sector inmobiliario, que se centran básicamente en la vivienda social, dirigida a la población con menos recursos, lo que es positivo, pero se deja de lado a las clases medias y medias-bajas, que tienen también enormes dificultades para acceder a una residencia.
Hay que recordar que el plan del Govern incluye una apreciable inversión (gracias a los fondos de la ecotasa) para la promoción de vivienda pública por parte del Ibavi, que se destina en régimen de alquiler a las clases con recursos limitados, y la utilización de suelo destinado a equipamientos públicos para ampliar este parque residencial.
Pero se pone de relieve que eso puede dar pie a la edificación de algunos cientos de pisos, cuando la estimación del sector es que hay unas 20.000 familias de las islas con problemas para acceder a una residencia.
Por lo que respecta a la posible participación del sector privado, se señala que el simple hecho de que un promotor pueda acceder a suelo público para edificar viviendas en alquiler y explotarlas durante 75 años ha abierto un enfrentamiento entre PSOE, Podemos y Més, por lo que incluso este punto queda de momento en el aire hasta ver como se solventa.
"No benefician a la mayoría"
Pero el problema básico, según insisten Luis Martín y Natalia Bueno, en que todas estas medidas suponen "una gota en el mar", y no benefician a la inmensa mayoría de los isleños, dado que las nuevas promociones que no son de inmuebles protegidos (la práctica totalidad en estos momentos) no reciben ninguna ventaja, lo que supone que el precio de estos pisos difícilmente bajará de los 250.000 o los 300.000 euros debido al elevado valor del suelo.
Así, se critica que no se haya autorizado la transformación de locales en viviendas en las zonas comerciales en declive, la edificación de edificios con más alturas en los barrios con infraestructuras suficientes, o que se pueda rebajar el tamaño medio de los pisos sin necesidad de que éstos sean de protección oficial, ya que solo así se podría ofrecer vivienda más barata a un número apreciable de familias isleñas, especialmente de clase media y media baja.
De este modo, ninguno de los dos cree que el plan vaya a tener un impacto significativo en el valor de las viviendas. Para empezar, porque las nuevas promociones de vivienda pública tardarán tres o cuatro años en salir al mercado en un volumen significativo, lo que supone que hasta 2023 difícilmente serán ocupadas.
Pero además, la inmensa mayoría de los nuevos edificios seguirán siendo de vivienda regular sin que se beneficien de ninguna ayuda, lo que obligará a situar sus precios por encima de los 250.000 euros.
Eso supone además mantener la presión sobre los inmuebles en alquiler, manteniendo también muy alto su valor.
