Los empresarios de la noche de Magaluf, José Manuel Bover y Javier Pedreira, solicitan sendas penas de 41 años de cárcel e indemnizaciones cercanas a los tres millones de euros para Bartolomé Cursach y su exnúmero dos Bartolomé Sbert, a los que imputan acoso, agresiones y coacciones durante tres temporadas seguidas para hundir sus negocios. La acusación particular también pide una condena de 13 años de inhabilitación para el funcionario del ayuntamiento de Calvià Jaume Nadal, al que se le imputa un delito de prevaricación por no frenar los supuestos desmanes de Cursach.
El escrito de acusación se ha formulado en una pieza separada del caso Cursach, donde la fiscalía pide la condena para otros investigados. Esta parte se limita solo a narrar los presuntos delitos de que fueron víctimas entre 2014 y 2017 por parte de empleados y relaciones públicas del Grupo Cursach, que también explota varios negocios en la zona.
Básicamente, los empresarios relatan cómo, presuntamente, fueron víctimas de un sistemático acoso a sus locales, personal y a ellos mismos para que Cursach se apropiara de todos los negocios de la zona de la plaza de las Islas Pitiusas de Magaluf. El escrito apunta a los dos máximos responsables del Grupo Cursach como las personas que ordenaron a sus subordinados las presuntas presiones a Bover y Pedreira, con objeto de lograr el monopolio de la noche en la zona.
El escrito describe un rosario de episodios violentos, agresiones, amenazas, obstaculizaciones y empleo de vallas, escombros, basuras, animales muertos y estiércol para conseguir que ningún turista acudiera a los locales de Bover y Pedreira. Este acoso habría provocado en las empresas de los acusadores pérdidas de 731.000 euros en tres temporadas y un lucro cesante (dinero dejado de ganar) de casi 1,2 millones de euros en cuatro años (en 2017 se vieron obligados a no abrir sus locales ante la ruina de los veranos precedentes). En 2017 no pudieron ni abrir sus locales ante la ruina.
Una tumba sin nombre
La calificación provisional recoge numerosos incidentes y ataques sufridos por los denunciantes, sus empleados, sus locales y sus propiedades entre 2014 y 2016. Javier Pedreira sostiene que un encargado del Grupo Cursach le amenazó directamente: "hay una tumba sin nombre para ti, eres un gilipollas, esto lo va a pagar tu familia, sabemos dónde viven y estás jugando con la vida de tus hijos".
Los acosados intentaron frenar los ataques contratando vigilantes privados, pero éstos también fueron presionados, amenazados con que iban a perder su placa y obstaculizados en sus labores.
Según el escrito, el clima de aplastamiento también se extendió a una socia de Bover, la empresaria británica Laura Cameron, a la que habrían amenazado con machacar a sus relaciones públicas si no convencía al primero para que retirase un mostrador publicitario.
Bover relata otro episodio, ocurrido en julio del 2015, y en el que, supuestamente, un empleado del Grupo Cursach, y de origen búlgaro, le hizo gestos amenazantes de muerte en medio de un acoso a los tiqueteros del primero.
La acusación particular imputa a Cursach y Sbert un delito de organización criminal, tres delitos de extorsión, tres continuados de coacciones, cinco de amenazas graves, tres de prevaricación y otros tres de prevaricación urbanística.
Connivencia
El escrito de calificación de los dos empresarios de la noche de Magaluf sostiene que Bartolomé Cursach y Bartolomé Sbert habrían contado con el apoyo y respaldo de determinadas autoridades políticas y funcionarios del ayuntamiento de Calvià, pero, de momento, tan solo pide la condena de Jaume Nadal. A este funcionario se le atribuye una pasividad a la hora de poner coto a las ilegalidades del Grupo Cursach en la zona. También se le acusa de, por el contrario, perseguir con celo las posibles irregularidades de la competencia de Bartolomé Cursach. La acusación particular reclama que el ayuntamiento de Calvià sea declarado responsable civil subsidiario, junto a las empresas de Cursach.
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