Durante el pasado año los inspectores de Consumo inmovilizaron 88.524 objetos en Balears por las deficiencias detectadas, en muchos casos peligrosas para los consumidores. De ellos, 49.224 eran juguetes. Eso convierte a los niños en los más perjudicados por las irregularidades que se producen en la fabricación de muchos productos. El porcentaje se eleva si se tiene en cuenta que esta lista incluye 2.506 elementos de Carnaval y 5.652 de Halloween, a los que muchos menores también acceden.
Las causas que llevan a la inmovilización de estos productos son en muchos casos la utilización en su elaboración de materiales que pueden ser peligrosos o el que se puedan desprender pequeñas piezas que pueden llevarse a la boca los niños y provocar casos de asfixia.
Junto a las antes señaladas, hay también 4.381 unidades que se comercializan en tiendas de souvenirs, 793 productos navideños, 1.895 alimentos y bebidas, 1.895 textiles, 3.885 equipos de protección para el buceo y 18.127 incorporados en la red de alerta española, por citar más ejemplos.
La cifra de unidades inmovilizadas durante 2019 supera a la del año anterior, cuando se contabilizaron 81.875.
Igualmente relevante es el incremento que se ha dado en la detección desde Balears de productos peligrosos que pasan a formar parte de la citada red de alerta estatal.
Concretamente, durante el pasado ejercicio los inspectores de las islas incluyeron 86 alertas, cuando en 2018 se habían contabilizado 31. Eso supone que el pasado año, de cada producto peligroso descubierto en España, uno (un 11,8%) se había detectado en el archipiélago, según los datos facilitados por la Dirección General de Consumo. La lista incluye 39 juguetes y 11 vestidos infantiles (de nuevo los menores se presentan como los consumidores más vulnerables), 11 artículos decorativos, siete equipos de protección individual o seis lamparas, entre otros.
Estos incrementos en la cifra de unidades inmovilizadas y en las alertas emitidas hace que el titular de este departamento, Félix Alonso, destaque el trabajo realizado por su plantilla, formada por 19 personas, de las que 12 son inspectores (nueve de ellos se encuentran en Mallorca).
Al mismo tiempo, el director general señala que se va a pedir oficialmente una reunión con el nuevo ministro de Consumo, Alberto Garzón, para abordar las posibles vías de colaboración entre ambas Administraciones.
En este aspecto, la política que se defiende desde Balears radica en que la labor que se debe de desarrollar desde estos departamentos no debe de centrarse solo en resolver los problemas de los ciudadanos con las empresas de las que son clientes cuando éstos ya se han producido, sino buscar vías de evitar que se den mediante el desarrollo de medidas preventivas.
Campañas para 2020
Para el presente año se han programado 38 campañas de inspección en Balears, tres de ellas de ámbito europeo, 14 nacionales y 21 autonómicas, y en los tres grupos aparecen controles sobre productos a los que los menores pueden acceder, como juguetes, patinetes o ropa. También aparecen alimentos, como el aceite de oliva, frutos secos envasados o especies.
Otro aspecto que se pone de relieve desde Consumo es la colaboración que se mantiene con los cuerpos de seguridad del Estado y con las policías locales para detectar y frenar fraudes a los consumidores.
Ese intercambio de información y cruce de denuncias incluye, por ejemplo, investigaciones en torno a una clínica dental o sobre entidades no bancarias que conceden préstamos, por señalar dos ejemplos recientes.
De igual modo, se ponen en valor las denuncias que los propios consumidores y sus asociaciones presentan ante esta Dirección General, por considerar que son básicas para la detección de reincidencias, lo que permite elevar la gravedad de los expedientes y las sanciones.
