El Consell es un tutor de trámite. Responde cuando las cosas van bien. Solo en este caso está en condiciones de suplir, en la medida de lo posible y de forma institucional, las carencias y ausencias de los progenitores. Cuando las cosas se complican y urge la reacción inmediata o la medida importante, la institución insular se petrifica. Mira a otro lado y se entretiene con el fogueo político o el mero trámite burocrático. Es el caso del tutor que necesita ser tutelado aunque solo sea, como mal menor, en forma de denuncia pública.
La denuncia por violación grupal de una menor de 13 años en Palmaviolación grupal de una menor de 13 años en Palma ha hecho disparar las alarmas. También ha mostrado la inacción del Consell, la frustración de los profesionales del IMAS y lo que es mucho más importante y grave, la deriva de los menores escapados de la tutela pública y presos de las redes de explotación sexual.
Nunca la frialdad de los números había sido tan descorazonadora y traidora. El frío comunicado emitido ayer por el Consell hiela más que la escarcha con la que amanece Mallorca estos días. El órgano insular reconoce que se le escapan y congelan 16 casos de explotación sexual infantil, pero de inmediato recuerda que tiene 359 menores tutelados en 30 centros diferentes de los cuales 278 son adolescentes, como si las cifras globales y mayores pudieran tapar la gravedad incuantificable de la prostitución infantil o lo que algunos profesionales no tienen reparo en calificar de negligencia absoluta por parte de la Administración.
Sí, se cumplen los protocolos, se comunican los casos de explotación sexual a los organismos pertinentes y la autoridad competente -es un decir- del Consell queda tranquila. Pero el caso de cada persona, un menor, no lo olvidemos, permanece diluido y agravado.
No hablamos de una problemática nueva o sobrevenida. Simplemente, acaba de trascender y provoca una situación de conocimiento público que se convierte en la única esperanza para que las autoridades reaccionen y afronten con seriedad el asunto de la prostitución infantil vinculada a la tutela pública.
Por lo menos hasta ahora, los informes técnicos del IMAS que denuncian esta situación se están acumulando sin remedio y son más bien escasas las muestras de sensibilidad frente a "las historias terribles" que hay detrás de unos graves desamparos que obligan a revisar, y seguramente a modificar, algunos aspectos sustanciales de las tutelas en manos del Consell.
