La condición de cargo electo la otorgan los electores y no fórmulas de acatamiento o retirada de credenciales. Las dudas y las interpretaciones interesadas sobre tal cimiento democrático quedaron ayer despejadas por la justicia europea y, aunque estén en las antípodas de Junqueras, los diputados de Vox también pueden acogerse al rango de cargo electo de pleno derecho, amplio hasta la permisividad de deformar el escaño a modo de cátedra inspectora de visionarios adoctrinamientos.
No hay base legal para impedir la intromisión de los diputados de Vox en los institutos. Reconozcamos que también constituye una oportunidad. Que se queden en los pupitres. Podrán conocer la realidad social, docente y lingüística de este archipiélago, sacudirse perjuicios y tomar conciencia de que la realidad es compleja y plural. También que dentro de ella el catalán aporta la riqueza de lengua propia y un valor a proteger por decencia, dignidad y cultura. Vox tiene ocasión de acabar con las asignaturas pendientes que le traumatizan hasta el extremo de revolotear el Parlament a modo de patio de colegio.
El problema lo tiene ahora la conselleria. March quiere que el paseíllo de sus señorías de Vox esté acompañado por los inspectores de Educación y éstos no están por la labor. Entienden que se les aplica una carga política que no les corresponde y posiblemente piensen también que se suplanta y adultera su tarea profesional. El asunto no está zanjado.
Queda por determinar, por tanto, cómo se articula la supervisión escolar de unos diputados de Vox autoadoctrinados para insistir en el revuelo y el protagonismo político a todo precio. Solo cabe esperar que las aulas les sean propicias para reconducir el buen uso de su cargo.
