El fiscal pide penas de entre dos y cuatro años de cárcel para un grupo de jóvenes de Arrán, la asociación soberanista y feminista, que protagonizaron una protesta contra la masificación turística en el Puerto de Palma. La jueza de instrucción dos de Palma ha procesado a los manifestantes, que han recurrido ese auto a través de su abogado Josep de Luis.
Según la fiscalía, los manifestantes incurrieron en un presunto delito de desórdenes públicos al exhibir unas pancartas, encender unas bengalas y lanzar unos botes de humo en un pantalán próximo a una terraza donde había turistas comiendo.
Los acusados niegan las imputaciones y la mayoría de ellos afirma que no participó en la concentración. La Policía solamente identificó el el Puerto a una manifestante y los otros fueron localizados tras enseñar fotos a lo testigos.
Inicialmente el suceso fue calificado también como un delito de daños por la comida y las bebidas que el restaurante tuvo que tirar a la basura tras quedar afectadas por los botes de humo y los confeti lanzados por los jóvenes.
Algunos de los presentes pensaron que se trataba de una acción terrorista, pero en el juzgado nadie se ha personado como acusación particular o ha reclamado daños.
La causa contra los doce simpatizantes de la entidad soberanista catalana y feminista se abrió tras recibirse en el juzgado un atestado de la Brigada de Información de la Policía, donde se apuntaba la posible comisión de los delitos de desórdenes públicos, amenazas y daños a un restaurante.
Fuera de Mallorca
La mayoría de los encausados han negado su participación en la concentración y algunos aseguran que ese día estaban fuera de la isla o de Palma.
Las defensas, ejercidas por Gloria Olmos y Josep de Luis, quieren que la causa se archive y argumentan que la Policía erró al identificar a la mayoría de los imputados. También se alega que con ocasión de la protesta ni se alteró el orden público, ni se amenazó a nadie, ni se causaron daños en el restaurante.
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