La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha declarado la jubilación anticipada voluntaria del magistrado Miguel Florit, acusado en el llamado caso Móviles, de los presuntos delitos cometidos al fiscalizar las llamadas y confiscar los teléfonos de dos periodistas que cubrían el caso Cursach. Los efectos de la jubilación tendrán lugar a partir del próximo 17 de diciembre, según la resolución de la comisión permanente. Florit está pendiente de ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Balears acusado de prevaricación judicial y otros delitos.
El pasado 14 de noviembre el CGPJ ya dio su visto bueno a la jubilación adelantada del magistrado, al que proporcionó unos días para hacer alegaciones. En ese primer acuerdo se señaló que el retiro adelantado tendría sus efectos a partir del 31 de enero del año que viene, un plazo que finalmente se ha acortado.
Florit, de 63 años, lleva varias décadas en la carrera judicial y ha decidido acelerar su jubilación prevista legalmente a los 70 años. Es indudable que los acontecimientos del caso Móviles han influido en esa decisión, máxime cuando la Ley estipula que debe ser suspendido temporalmente de la carrera judicial tras haberse abierto juicio oral contra él.
La comisión permanente es la encargada de dictar esa suspensión, que podría tener lugar antes del 17 de diciembre.
Los magistrados apartados de sus funciones también ven reducidos sus emolumentos a las cantidades básicas.
Florit ha pedido la jubilación estando de baja médica, una situación que empezó hace varios meses.
Penas de inhabilitación
Las acusaciones particulares en nombre de Diario de Mallorca, Europa Press, Efe y la Asociación de Medios de la Información (AMI) solicitan para Florit 42 años de inhabilitación, una pena que le habría impedido seguir ejerciendo como juez.
Florit, defendido por Josep Zaforteza, será juzgado por varios autos que dictó en su condición de instructor del caso Cursach y en una pieza separada donde se investiga qué funcionarios públicos podían haber facilitado a la prensa información reservada o secreta de dicha trama de corrupción. El primer delito que se le atribuye es el de prevaricación judicial y por él se solicitan 20 años de inhabilitación. Después se le acusa de dos delitos consumados contra la inviolabilidad de domicilio por haber orde. También será juzgado por impedir el libre ejercicio del secreto profesional y por interceptación ilegal de comunicaciones.
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