Jaime Far, director de la Oficina Anticorrupción de Balears, archivó el pasado miércoles el expediente que había abierto al Síndico Mayor de Cuentas, un cargo capital en el organigrama de la Comunidad desempeñado desde 2015 por Joan Rosselló. La denuncia anónima que provocó la apertura de la causa procedía del mandarinato del funcionariado autonómico, y fue presentada el 5 de octubre de 2018. Hace un mes y medio, la inspectora que instruyó la investigación proponía el archivo, si bien después de expresar serias reticencias sobre la labor del máximo representante de la Sindicatura de Cuentas, que había fiscalizado a la Universitat en la que trabajaba como profesor de Economía Pública desde 2003.
A pesar de la recomendación de la funcionaria, especializada en trabajos turísticos, el archivo definitivo se había congelado durante semanas. El procedimiento se ha acelerado vertiginosamente después de que este periódico describiera el pasado viernes los pormenores de la investigación. El caso colocaba cara a cara a los dos máximos auditores de la Comunidad, a través de una denuncia surgida de su entorno y a la que no son ajenas las ambiciones profesionales ni las percepciones de la generosa carrera profesional, un sobresueldo que el Govern del Pacto de Progreso ha regado sobre sus altos funcionarios.
Cinco días después de la publicación, Far remitía a la Sindicatura vía correo electrónico el documento que acuerda el cierre definitivo del expediente, por la posible incompatibilidad de Rosselló al principio de su mandato. La denuncia surgida de la cúpula de la Comunidad no solo detallaba los hechos supuestamente culposos y los incumplimientos legales a calibrar, sino también el castigo que debía recaer sobre Rosselló. En concreto, la puesta en marcha del proceso de destitución del Síndico Mayor, que requiere de una mayoría cualificada del Parlament.
La redacción de la denuncia que Anticorrupción ha investigado durante un año delata los conocimientos jurídicos de sus autores. La propuesta de archivo no disminuyó la fe de los acusadores en una resolución favorable a sus intereses. Tras la divulgación de la investigación el pasado viernes, seguían confiando en el pase a dique seco del profesor y Síndico, por no haberse abstenido.
El archivo va firmado por el propio Far, que no ha firmado ninguno de los documentos intermedios de la investigación, aunque en una visita personal se encargó de transmitir a Rosselló la existencia de la comunicación anónima, “que no prejuzga el resultado final de la actuación investigadora”.
La resolución definitiva de Anticorrupción, que salda el conflicto institucional de mayor calado que se ha vivido en Balears en los últimos años, no desvela el destino que deben sufrir las consideraciones adjuntas del informe de la inspectora. Aunque el expediente se dirige contra la persona concreta del Síndico Mayor, incluye dos recomendaciones expresas a la Sindicatura de Cuentas, en orden a que revise los protocolos de adscripción de los Síndicos y el resto de personal a las áreas en que se organiza.
La Sindicatura y Anticorrupción se hallan permeabilizadas por la presencia de altos funcionarios que han trabajado en ambas instituciones.
