La investigación de más serio calado acometida por la Oficina Anticorrupción de Balears tiene por destinatario a Joan Rosselló, Síndico Mayor de Cuentas en el otro gran departamento autonómico dedicado al control institucional.
La denuncia contra el alto cargo llegó al departamento de Jaime Far el 5 de octubre de 2018, procedente del seno de la administración de la Comunidad. Se reprochaba al responsable de la Sindicatura que hubiera auditado las cuentas de la Universitat en la que es profesor titular, y se impulsaba la destitución de su puesto actual. Una inspectora del organismo de Jaime Far propuso el archivo del expediente iniciado este año, pero la decisión final no ha sido todavía comunicada.
La denuncia contra Rosselló supone el estallido de un conflicto en la cúpula de la Comunidad, que mezcla guerras competenciales sobre el combate del fraude entre altos cargos también pertenecientes al Govern. También se conjugan aspiraciones insatisfechas del mandarinato funcionarial. Sin olvidar las retribuciones económicas, con la avidez disparada por el ejecutivo al dotar los suculentos sobresueldos de la carrera profesional. En este clima, se plantea la discutible asunción por parte de Rosselló de la auditoría de las cuentas de la UIB, desde 2015 hasta octubre 2016. En tal calidad, redactó el informe provisional correspondiente a 2014 de la institución universitaria, donde ocupa una plaza de profesor de Economía Pública.
La notificación de la denuncia fue firmada por Far, y el jefe antifraude se la comunicó en persona a Rosselló en su despacho. Se encaraban los dos cargos autonómicos de mayor nivel, ambos con salarios superiores a la presidenta del Govern, y con uno encargado de avalar una acusación que de prosperar implicaría la destitución del otro. La investigación no fue encomendada a una jefatura de la Oficina, sino a una funcionaria de la inspección que tras un texto prolijo alcanzó cuatro conclusiones de las que asume la responsabilidad en cuanto única firmante, y que orillaban las alegaciones planteadas por el Síndico Mayor.
La inspectora dictamina que alberga dudas de que la abstención de Rosselló en la fiscalización de la UIB estuviera prohibida por la ley. Sin embargo, contrapone a esta cuestión contenciosa la conclusión de que la decisión de los tres síndicos sobre la auditoría universitaria habría sido la misma. De este modo, se enmendaría el hipotético defecto. A partir de esta petición de cierre del expediente, que hasta hoy mismo no ha sido confirmado por Anticorrupción al investigado, se añaden tres recomendaciones a la Sindicatura de Cuentas para que revise sus protocolos de asignación de tareas. Dado que el expediente tiene un destinatario absolutamente individualizado en una acusación personal, no se precisa el mecanismo de transmisión de estos consejos a los Síndicos en su conjunto. Tampoco se define si estas advertencias sobre el correcto funcionamiento de la institución deben divulgarse al conjunto de la sociedad.
Conclusiones entregadas
Las conclusiones previas del expediente también le han sido entregadas en mano al investigado. Una de las líneas de defensa de Rosselló, en los diez días de plazo que se le concedieron para presentar alegaciones, estipula que la distribución de tareas se lleva a cabo por los tres síndicos constituidos en Consell de la Sindicatura, y que sus compañeros eran obviamente conocedores de sus vínculos universitarios pese a lo cual no opusieron objeciones. También distingue el Síndico entre "servicios profesionales" y "servicio público".
Incompatibilidades
La denuncia, redactada con un impecable lenguaje jurídico, traza un recorrido pormenorizado de las supuestas incompatibilidades, sin detenerse en la no abstención de Rosselló. Más allá del relato fáctico que no ha discutido ninguna de las instancias, detalla asimismo el camino que debe seguirse para la destitución del alto cargo. A saber, una mayoría de tres quintos del Parlament, previa audiencia de la persona interesada y contando con un informe del Consell de la Sindicatura.
El escrito acusador, centrado en cuatro párrafos, demuestra asimismo un conocimiento exhaustivo del calendario de actividades asumidas por el Síndico Mayor. El relato se consideró dotado del crédito suficiente para tomarlo en consideración, y emprender desde la Oficina una investigación de altura ahora ya bajo la batuta de Far.
Anticorrupción y la Sindicatura están entrelazados por vínculos de competencias y de adscripción laboral. El personal de la primera y recientemente constituida procede en parte de la segunda, que cuenta con 16 años de antigüedad y una estructura definida. En su plantilla tienen plaza la presidenta del Consell de Mallorca, Cati Cladera, y la actual consejera de Hacienda, Rosario Sánchez, ambas en calidad de auditoras. La coexistencia de ambos organismos, sin olvidar a los servicios de intervención, ha propiciado las acusaciones de duplicidad de funciones por parte de quienes se sienten postergados o amenazados por la emergencia de un zar anticorrupción. Ni las conselleries ni los interventores a quienes Far ha reclamado su declaración de bienes han encajado con demasiada deportividad estas solicitudes de información, la vigilancia sobre los guardianes.
Política de gasto del IB-Salut
Rosselló asume la condición de Síndico Mayor tras la victoria del Pacto de Progreso en las autonómicas de 2015. Se encarga de auditar la parcela universitaria, en continuidad con las funciones de su predecesor en la cúspide de la institución. Al año siguiente, según especifica con exactitud la denuncia, interrumpe su cometido en la parcela universitaria y se hace responsable de visar las cuentas de la Comunidad. Ha sido especialmente beligerante en la denuncia de la desordenada política de gasto del IB-Salut, donde la coartada sanitaria esconde a su juicio la ausencia de control efectivo.
La Oficina Anticorrupción de Jaime Far no ha sido la primera destinataria de las acusaciones en torno al talón de Aquiles de Rosselló por sus auditorías universitarias. El informe favorable de la sindicatura, en que el rector Llorenç Huguet somete las alegaciones a un profesor de su claustro, ya habían circulado entre la crema funcionarial de la Comunidad con visos acusatorios. Este colectivo permanente juega un papel decisivo en la navegación del Govern, por encima de los cargos políticos siempre fugaces.ImpactoLa puesta en marcha de la investigación fue comunicada al Consolat
La información sobre la existencia de una denuncia contra Joan Rosselló, y de la posterior investigación acordada por la Oficina Anticorrupción de Jaime Far, fue canalizada hacia el Consolat. Se consideró que la presidencia del Govern debía estar al tanto de la puesta en marcha del procedimiento, por las implicaciones de esta bomba en la actividad cotidiana de la cúpula de la Sindicatura de Cuentas. Los otros dos síndicos, Bernat Salvà y Fernando Toll-Messía, también fueron informados de la existencia de una investigación en trámite en la institución de control vecina.
