El juez Antoni Garcías ha abierto juicio oral contra dos empresarios y dos ex altos cargos del Institut Municipal de l'Esport de Palma (IME) por el presunto desvío de 700.000 euros en ese departamento en la última legislatura del PP en Cort. Los cuatro acusados, entre los que destaca el empresario Antoni Roig (para el que se piden cinco años de cárcel) serán juzgados por varios delitos, entre ellos malversación de caudales, tráfico de influencias, fraude a la Administración y otros.
El caso IME es una pieza separada de la macrocausa Cursach, que fue instruida por el magistrado Manuel Penalva y es una de las operaciones que la Policía Judicial ha puesto en tela de juicio al revisar cómo se realizaron las investigaciones contra las supuestas tramas corruptas. Dos inspectores que están investigando varios presuntos delitos en una pieza separada del caso Cursach, abierta tras la publicación en varios medios de informaciones reservadas o secretas de la causa, sostienen que las detenciones llevadas a cabo en el caso IME fueron irregulares y que los autos de prisión para los acusados dictados por el juez Penalva a instancias del fiscal Subirán podrían ser delictivos.
Cinco años de cárcel
La fiscalía anticorrupción y el Ayuntamiento piden 24 años de cárcel para los cuatro acusados en el caso IME, que se declaran inocentes.
Penalva procesó en 2017 al empresario Antoni Roig, al gestor de sus sociedades Bartolomé Colom y las personas que ocupan en esos años los puestos de gerente del IME, Antoni Ramis, y de jefe de mantenimiento de las instalaciones deportivas de Palma, Alberto Serna.
Según el auto de procesamiento, Roig, que tenía la contrata del mantenimiento de las piscinas y polideportivos municipales, habría recibido un trato de favor del IME y habría facturado por servicios o equipamientos no prestados e inflado los costes de personal.
El juez consideró que se habían cometido los delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la administración, falsedad, tráfico de influencias, estafa y prevaricación.
Penalva estimó que estos supuestos delitos los habrían cometido, entre 2011 y 2015, cuatro investigados: Antoni Roig, el propietario de la empresa Roig (concesionaria de las instalaciones deportivas); el gerente de esta empresa, Bartolomé Colom; el exgerente del IME, Antonio Ramis (nombrado por el PP), y Alberto Serna, jefe del área de mantenimiento de los polideportivos de la ciudad.
El auto de procesamiento incidió en las numerosas irregularidades que se han detectado en el caso y que se atribuyen a las empresas de Roig, también investigado en el llamado caso ORA. Asimismo, los Juanes han elaborado otro informe donde cuestionan a fondo la instrucción y las detenciones del caso ORA.
Penalva destacó en su auto un informe del actual IME en el que se establecía que dentro del concepto de facturas pagadas por el material utilizado en los trabajos de mantenimiento, se observaba un sobreprecio, abonado por el ayuntamiento de Palma, de más de 600.000 euros. Además, había que sumarle el pago de horas de trabajo de los empleados de Roig, que no se hicieron, así como el abono de una serie de proyectos, como por ejemplo la colocación de unas placas solares en el polideportivo Rudy Fernández, que tampoco se realizaron, pero que sí se cobraron. El auto de apertura de juicio oral fija una fianza de 700.000 euros para cubrir los fondos supuestamente desviados.
Penalva repartió la responsabilidad, pero destacó que la presunta malversación se había producido por una parte, gracias a la dejadez y falta de control del anterior gerente del IME y, por otra, por la estrecha relación de amistad de Antonio Roig con el jefe de mantenimiento del IME Serna.
La Audiencia admite y deniega abstenciones
La Audiencia provincial está examinando las solicitudes de abstención que el magistrado Antoni Garcías ha planteado frente a varias piezas separadas del caso Cursach, donde aparecen implicados agentes de la Policía Local que son compañeros del esposo de su letrada de la Administración de Justicia, también encausado. La Audiencia va dictando autos en los que admite esta abstención y otros en los que la deniega.
El tribunal sí acepta que Garcías se aparte de las piezas separadas por su amistad íntima con la letrada de la Administración de Justicia y en las que se investiga a agentes de la Policía Local de Palma. Por ejemplo, recientemente se le ha aceptado una abstención, pero se le ha denegado otra, donde están imputados policías que supuestamente investigaban irregularmente a políticos. Garcías se ocupa ahora de unas siete piezas separadas del caso Cursach, una cifra que puede variar a medida que se revisen las abstenciones.
