Los seis hijos varones del fallecido empresario José María Ruiz Mateos serán conducidos hoy desde la cárcel de Palma al calabozo de la PalmaAudiencia de Palma, donde está prevista su asistencia a su segunda vista oral en Mallorca por una presunta estafa en la compra de un hotel, en esta ocasión el Eurocalas de Manacor. Los acusados ingresaron el pasado mayo en la cárcel de Aranjuez, la misma donde cumple condena el expresident del Govern Jaume Matas por el caso Nóos, y han sido trasladados a Mallorca para la vista oral.

La Audiencia de Palma ordenó la pasada primavera el encarcelamiento de los hermanos para cumplir una condena de dos años y medio de privación de libertad por estafar a una familia mallorquina con la compra a plazos de un hotel en Peguera y otro en Canarias.

Pedir el indulto

El panorama procesal de la familia de empresarios es muy complicado, porque algunos de los hermanos ya cumplieron penas en la cárcel por otros delitos. Antes de entrar en el centro penitenciario de Aranjuez pidieron el indulto al Gobierno, pero la Audiencia no quiso aplazar el cumplimiento de la sentencia en espera del pronunciamiento del Ejecutivo. Ahora se enfrentan a sendas peticiones de condena de seis años de cárcel. Una calificación en la que coinciden la acusación particular en nombre del empresario Francisco Miralles, dueño del Grupo Miralles y representado por Isabel Fluxà, y la fiscalía, que en el anterior juicio estuvo representada por Juan Carrau. También tienen pendiente el juicio por los pagarés de Nueva Rumasa. Junto a los hermanos Zoilo, Alfonso, Pablo, Javier, José María y Álvaro Ruiz Mateos Rivero, serán juzgados su primo Zoilo Pazos Jiménez y el empresario Nicolás Faure.

Durante la instrucción, los hermanos descargaron la responsabilidad de la operación en su padredescargaron la responsabilidad de la operación en su padre, que llegó a estar imputado pero la causa fue archivada para él tras su fallecimiento.

Según los acusados, siempre existió voluntad de abonar los pagarés por la compra del Eurocalas, pero la crisis económica y los problemas de financiación de Nueva Rumasa lo impidieron. La familia, al igual que en el caso de los hoteles de Peguera y Canarias, ofreció como garantía de la operación su patrimonio personal (que según las acusaciones era nulo) y el aval de Clesa, una de las joyas de la corona, que semanas después solicitó concurso voluntario de acreedores con un pasivo de 1.122 millones de euros.

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