Un juez de Palma ha ratificado el acuerdo para declarar el despido colectivo de los trabajadores de la asociación Gaspar Hauser, el centro de atención a personas con autismo, que el pasado mes de febrero tuvo que cerrar sus puertas por los insalvables problemas económicos de la empresa que lo gestionaba. El acuerdo entre el medio centenar de empleados y la empresa, con la supervisión de los administradores concursales, se trasladó al juez del juzgado de lo mercantil, que ha ratificado la decisión.
A los trabajadores se les ha dado de baja en la Seguridad Social y ya pueden reclamar su derecho al desempleo. En el acuerdo también se establecen las condiciones económicas del despido. Cada trabajador, dependiendo de su nivel laboral, recibirá una indemnización de 22 días por año trabajado. Al juez se le ha entregado un listado de todas las indemnizaciones que recibirán los integrantes de la plantilla laboral. El magistrado ratifica el acuerdo laboral alcanzado por las partes por despido colectivo, un trámite que se ha realizado en el proceso del concurso.
Debido a que la empresa no presentó un expediente de ERE previo a la declaración del concurso, se ha adoptado la decisión de resolver la situación laboral de la plantilla a través del procedimiento que se sigue en el juzgado de lo mercantil. Es cierto que los trabajadores podrían haber acudido al juzgado de lo social para defender sus derechos e incluso tenían muchas posibilidades de que la indemnización económica hubiera sido mayor. Sin embargo, debido a la situación de colapso que padece esta jurisdicción, donde se suele tardar una media de dos años para resolver una demanda de despido, se ha optado por resolver esta cuestión a través de un trámite judicial mucho más rápido. Los trabajadores, en su mayoría, han aceptado que las condiciones de su despido se acuerden a través del juzgado de lo mercantil.
Cuarenta años
Tras más de 40 años tratando a personas con autismo, el pasado mes de febrero la asociación ABNAP-Gaspar Hauser se vio obligada a cerrar sus puertas y a solicitar la situación de concurso. Los directivos no encontraron la solución para poder hacer frente a los elevados gastos que generaba la función que realizaban, después de haber ido perdiendo las subvenciones por los diferentes servicios que ofrecía, tanto sociales como educativos. Los usuarios fueron ubicados en otros centros.
El auto dictado por el juzgado de lo mercantil, en el que se resuelve la situación de los trabajadores, se señala que no existe la viabilidad alguna para la continuidad de la actividad empresarial o la transmisión de las unidades productivas.
Cabe recordar que la empresa que gestionaba esta entidad, con anterioridad a la solicitud de declaración de concurso voluntario, presentó ante la autoridad laboral un expediente de regulación de empleo para dar salida al conflicto de los trabajadores. Sin embargo, la autoridad laboral procedió al archivo del expediente y reenvió todas las actuaciones que hacían referencia a los empleados al juzgado que estaba tramitando el concurso de la empresa.
Este cierre perjudicó a más de 80 familias que llevaban a sus hijos a este centro. La conselleria tuvo que buscar una solución, que pasó por reubicar a estas personas a otros centros para recibir atención.
