Una imponente villa se alza en una céntrica calle de Santa Maria. Tras las rejas de hierro forjado, emerge un frondoso jardín descuidado. En la verja de entrada cuelga un cartel que reza: 'se vende'. La impresionante propiedad de gran valor y al alcance de unos pocos parece deteriorarse con el paso de los días. La enorme y majestuosa vivienda está vacía. Es como si reclamara ser redescubierta por un acaudalado ciudadano para que le devuelva el esplendor de antaño. A unos metros del caserón, unos niños juegan a la pelota despreocupados y bajo un calor insoportable.
Tras callejear unos minutos por el municipio, la familia de Bernat Pelufo abre la puerta de su casa. La pared está desconchada, hay manchas de humedad, una tubería pierde agua, las persianas mallorquinas de las ventanas que dan a la calle no se pueden abrir. "Están podridas", aclara su hija Cata. La puerta de la finca está rota. Pese a estas deficiencias, Bernat, de 62 años, con una discapacidad física y un grado de dependencia reconocidos, se aferra a esta vivienda como su única salvación. Lleva más de seis años residiendo en ella junto a su mujer, sus dos hijos y dos perros. Están a punto de ser desahuciados. En abril de 2018, les venció el contrato de alquiler de cinco años.
"En unos días nos veremos en la calle y no me dan ninguna solución", lamenta Bernat, sentado en el sofá de la planta baja. "La asistenta social me dijo que si quería ir a un albergue. La única alternativa que me ofrece el Ayuntamiento es ir a un albergue, pero yo no puedo vivir ahí. No voy a dejar a mis dos perros. ¿Cómo me voy a ir a un albergue con dos perros? Además, yo necesito estar cerca de un centro de salud o un hospital por mis patologías, soy diabético, tengo una incapacidad total, soy una persona dependiente. Tengo problemas de visión, me tendrían que hacer cuatro operaciones: en las piernas, un brazo y en la espalda. Me muero de dolor. Gracias a las pastillas de morfina que me dan puedo aguantar algo. Cada dos por tres tengo que ir al hospital", detalla el hombre, que años atrás se dedicaba a la construcción y como muchos otros fue uno de los damnificados de la gran crisis económica que azotó el país.
"Yo no quiero más problemas, con lo que ya tengo encima...", subraya Bernat, mientras enseña un montón de documentación. "Lo único que espero es que la gente se conciencie de lo que está pasando. No hay derecho. Lo más importante es tener un techo, ante todo quiero conservar el techo. No me puedo ir a vivir a la calle", recalca Pelufo.
Está asesorado por el Sindicat de Llogaters de Mallorca, la plataforma Stop Desahucios y por varios abogados. La presidenta del Sindicat de Llogaters, María José Ordóñez, ha preparado un escrito para enviar a la ONU. "En unos días vamos a mandar el escrito a la ONU con toda la documentación. Si detectan alguna irregularidad pueden parar el proceso de desahucio", informa Ordóñez. "Lo único que nos queda es esperar a la ONU o que un alma bondadosa ofrezca una vivienda digna a Bernat. Necesitamos una alternativa para esta familia vulnerable", insiste Ordoñez.
"Más de lo que hemos hecho no vamos a poder hacer", explica Bernat, con cara de preocupación. "Yo lo único que he hecho durante los cinco años es pagar honradamente, siempre he sido buen pagador. Cobro una pensión de 685 euros y recibo una ayuda de la dependencia de 265 euros. Hasta el último momento del contrato he pagado. Por eso, tengo una extinción del contrato de alquiler. Luego, a partir del 5 de abril de 2018 ya no he pagado, dije que si no demostraban quién era el propietario de la casa, yo no pagaba", comenta Bernat. El próximo 26 de julio es la fecha del lanzamiento. El hombre cuenta los días que faltan con angustia.
Abril de 2013
"Nos han llamado okupas, pero tenemos un contrato de arrendamiento", apunta el hombre. "Entramos a vivir en la planta baja el 7 de abril de 2013 con un contrato de alquiler de cinco años prorrogables a otros tres años más, que es lo que marcaba la ley de entonces. La casa tenía corral para mis dos perros. Estaba muy sucio el patio. Me gasté más de 4.000 euros para limpiarlo todo. Pagaba 500 euros al mes más 20 euros de agua. El 8 de febrero de 2018, antes de cumplirse los cinco años, se presentó el padre del dueño y me dijo que quería subirme el alquiler 90 euros. No le dije ni sí ni no. Me quedé pensando. El día siguiente, 9 de febrero, me encontré la extinción del contrato. Me quedé de piedra. No estaba de acuerdo con pagar 90 euros más en las condiciones en las que estaba la vivienda", reconoce Bernat.
"La casa tiene humedades, filtraciones de agua, una instalación eléctrica y de fontanería en mal estado, la tubería de las aguas residuales se atasca", comenta el hombre. Pese a ello, quiere conservar lo que hasta ahora ha sido su hogar.
Al salir a la calle, de regreso al centro de Santa Maria, destaca entre el resto de viviendas la majestuosa villa en venta con su exuberante jardín. Dos mundos distintos, separados por apenas un par de manzanas, dentro del mismo pueblo.
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