El juez Juan Ignacio Lope Sola dispuso ayer para facilitar la declaración de Francisca Alomar, de 91 años, e hija de un matrimonio de Manacor detenido y asesinado en agosto del 36, que dicha prueba se grabara en vídeo. Los discos con la comparecencia de Alomar y de su sobrina Tolita Riera en Palma serán remitidos a la jueza argentina María Servini, que desde 2016 investiga una querella por crímenes de género durante el franquismo.
La emocionada comparecencia de las dos mujeres en un juzgado penal de Palma no tendrá ningún efecto en España, donde los crímenes del bando nacional en la guerra no pueden ser perseguidos por la Amnistía, la prescripción que señala el Código Penal y la muerte de sus autores.
No obstante, Maria Antònia Oliver, presidenta de Memòria de Mallorca, explicó ayer que las dos mujeres buscan "ser escuchadas por la Justicia de su propio país". Oliver añadió que, como todas las víctimas del franquismo, reivindican que, en un Estado de Derecho "debería ser una prioridad" que una víctima pueda "acudir a la Justicia y que investiguen y la amparen".
La presidenta de la Asociación Memoria de Mallorca destacó "la valentía de esta familia" al denunciar el caso en Argentina y reclamar justicia. Oliver aseguró que en España ha habido "una transición sin justicia para las víctimas", una situación que considera "un hecho doblemente doloroso para una víctima que sufre el daño por la dictadura, el franquismo o el fascismo y después, en democracia, sus propias instituciones no le escuchan". "Cada vez que una de estas personas muere, sus heridas se cierran, pero a los nietos se nos abren", aseguró la presidenta de Memòria de Mallorca, que también tiene un familiar desaparecido.
La querella incluye indicios de que la madre de Francisca Alomar pudo ser violada durante los días de su arresto.
