Los más de 700 abogados del Turno de Oficio de Balears han convocado para los próximos días una huelga parcial en la que dejarán de prestar servicios en la mayoría de los juicios de todos los órdenes jurisdiccionales y no asistirán los casos en los que los justiciables no sean detenidos, presos o víctimas de violencia machista. La medida pretende presionar al ministerio de Justicia para que les pague los 1,6 millones de euros de retribuciones que les adeudan desde noviembre pasado y para negociar un modelo retributivo más digno para el colectivo.
Los paros, según explicó ayer la miembro de la junta del Colegio de Abogados Carmen López, serán de 24 horas y no afectarán a las asistencias en los juzgados de guardia del archipiélago
Si Justicia no se aviene a dar soluciones a la problemática no se descarta extender las huelgas, calificadas por el Colegio de Abogados, de "paros técnicos", a otras asistencias.
El día 26 se ha convocado una concentración de protesta en los juzgados de sa Gerreria de Palma y el día 29 está prevista una reunión de los Colegios de Abogados del llamado Territorio Justicia (las Comunidades sin competencias en la materia) con el ministerio de Justicia en Madrid.
Si después de ese encuentro no se busca una solución, se convocarán los paros parciales, que podrían ser más amplios si la situación se enquista.
Un millón seiscientos mil
Justicia adeuda al Turno de Oficio de las islas un millón seiscientos mil euros, correspondientes a las asistencias desde noviembre a la actualidad.
Se trata del segundo episodio de larga morosidad, dado que en noviembre el departamento dirigido por la fiscal Dolores Delgado, abonó los atrasos desde junio.
El Ministerio tiene que pagar a los 700 abogados cada mes por sus asistencias, algo que ha incumplido.
López apuntó que el problema de la deuda, con ser grave, no es la única causa de las movilizaciones, dado que se quiere conseguir un modelo retributivo digno para el colectivo, "que presta una excelente asistencia jurídica gratuita".
Entre las reivindicaciones de los afectados están que se equiparen las compensaciones a las de otras Comunidades Autónomas con competencias y que se retribuyan servicios y actuaciones que actualmente no se pagan.
