El Parlament de les Illes Balears aprobó este martes la Ley de Consultas Populares y Procesos Participativos y las consultas de ámbito autonómico no refrendarias. Gracias al apoyo unánime de los partidos del Pacto de Izquierdas y El PI la norma salió adelante, mientras el PP y Ciudadanos mostraron sus reticencias a que los referéndums fueran vinculantes. Los populares votaron en contra y Ciudadanos optaron por la abstención.
Se trata de una norma que inició su tramitación con polémica, a raíz de lo ocurrido en Cataluña, pero que ha sido rebajada de forma considerable para evitar recursos del Tribunal Constitucional. Ni la presidenta del Govern, Francina Armengol, asistió al debate de la norma.
La diferencia entre las dos formas de consultar aprobada es que para celebrar un referéndum no se podrá utilizar el censo electoral de los ciudadanos, por lo que se creará un registro general de inscritos para votar en los sufragios. Los referéndums solo los podrán convocar los ayuntamientos en su ámbito territorial y quedan descartados del ámbito autonómico o insular. Esta es una de las principales rebajas que ha sufrido la norma, que estaba dentro de los acuerdos para el cambio del Pacto de Izquierdas.
Por su parte, las consultas populares no serán vinculantes, las podrán convocar las instituciones supramunicipales como consells o Govern y sí tendrán a su disposición el censo electoral para consultar a la ciudadanía. Ciudadanos criticó que se aprobara una ley cuando el Consultiu había puesto en duda su constitucionalidad. El PP recriminó que el resultado de los referéndums fueran vinculantes.
El diputado de Més Biel Barceló fue quien mejor expresó el sentimiento de la izquierda, en especial de su partido y Podemos: "Aprobamos una ley que no es todo lo ambiciosa que esperábamos por la jurisprudencia miedosa del Tribunal Constitucional, pero es un paso importante".
Camargo recuerda a Cuixart
La diputada de Podemos Laura Camargo ha arrancado los aplausos de la bancada de la izquierda al iniciar su intervención solidarizándose con el presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, encarcelado por el proceso y en el que Camardo ha apuntado que está "sufriendo un juicio político".
