La proximidad de las elecciones autonómicas y municipales de mayo y el inicio de la temporada turística en abril están haciendo que Administraciones y sector hotelero estén elevando la presión sobre las constructoras para que las obras estén concluidas en el plazo previsto, según reconocen algunos empresarios del sector y los sindicatos. El problema, según CCOO, es que este apremio está agravando en muchos casos la presión sobre los trabajadores, lo que facilita que se registren fallos en materia de seguridad y puede dar pie a accidentes, según se lamenta.
El problema de las empresas constructoras es que a las intensas reformas de hoteles de los últimos años, con plazos muy ajustados para realizarlas y que puedan quedar concluidas antes de la Semana Santa, se está sumando en estos momentos una gran concentración de obra pública que los responsables políticos buscan inaugurar (con la correspondiente foto) antes de las próximas elecciones.
Los constructores consultados consideran que éstas prisas son lícitas ("los responsables políticos quieren mostrar lo que han hecho para los ciudadanos", se apunta), y además valoran el repunte en el volumen de trabajo del que ahora disfrutan. Pero ponen tres pegas.
Dos de ellas son que los márgenes de beneficio con los que se ven obligados a trabajar son muy bajos por la fuerte competencia existente, y que tras los comicios se va a registrar una caída enorme en la inversión pública, con la correspondiente pérdida de actividad.
La tercera es el apremio que sufren para tener las obras acabadas sin el menor retraso, de forma que los actos inaugurales puedan coincidir con las semanas previas a la campaña electoral.
Deficiencias "muy graves"
Este último punto es denunciado desde CCOO-Balears. El secretario general de su federación de construcción y servicios, Miguel Pardo, advierte de que las deficiencias en materia de seguridad en muchas obras siguen siendo muy importantes pese a las medidas para un mayor control impulsadas desde la conselleria de Trabajo, y de que este problema se está viendo agravado por la citada presión sobre las plantillas para concluir los trabajos a tiempo.
Otro de los responsables de CCOO-Construcción, Francisco Lahilla, lamenta que en muchos casos se pretenda ejecutar obras que deberían durar seis o siete meses en la mitad de ese tiempo, no solo por lo que supone de posterior parón en la actividad con los correspondientes despidos, sino especialmente por la precariedad que sufren las plantillas y los fallos de seguridad que se pueden generar.
Lahilla añade que las visitas a obras que se están desarrollando desde este sindicato ponen en evidencia las graves carencias de seguridad que se están dando en algunos de estos lugares de trabajo, con falta de barandillas para evitar caídas desde grandes alturas, por citar un ejemplo.
Sobre este punto, añade que hay constructoras locales que actúan correctamente, pero lamenta la entrada de algunas firmas procedentes de fuera de Balears que "solo vienen a llevarse el dinero y luego desaparecer", y que cometen flagrantes incumplimientos en materia de seguridad. "Además de ser un peligro para los trabajadores son una competencia desleal para los empresarios que actúan correctamente" al ofrecer precios más baratos, afirma. En este sentido, desde CCOO se considera que el acuerdo entre la Conselleria y la Fundación Laboral de la Construcción para que un técnico realice auditorías sobre seguridad de más de 400 obras es "positivo, pero insuficiente", según lamenta Pardo.
Lahilla apunta que este problema se agrava porque "si presentamos una denuncia ante la Inspección de Trabajo, el inspector llega cuando la obra está acabada". Por ello, se anuncia que se va a solicitar una reunión con el actual jefe provincial de ese departamento, Pere Aguiló, para solicitar que se ponga en funcionamiento algo similar a un teléfono de emergencia desde el que denunciar los fallos más graves y conseguir que el control de la Inspección sea inmediato.