La consellera insular responsable de Carreteras, Mercedes Garrido, respondió ayer a las acusaciones del colectivo antiautopista de que el Consell no tiene dinero para pagar las obras del desdoblamiento de la carretera de Llucmajor a Campos. Según Garrido, pese a que es cierto que desde 2011 el Gobierno central no ha ingresado ni un euro del convenio de carreteras, a día de hoy todavía tiene 60 millones "en caja".

Este pasado fin de semana la plataforma antiautopistas denunciaba que el Consell no tenía dinero para llevar a cabo sus obras viarias después de no haber recibido los fondos previstos del Estado por el convenio de carreteras, unas críticas que ya fueron contestadas por el conseller insular de Hacienda, Cosme Bonet, asegurando que la denuncia de los antiautopistas eran informaciones "absolutamente falsas".

Según detalló ayer la consellera Garrido, si bien es cierto que no ha llegado ni un euro de los 196 que ingresó el Gobierno en 2011, todavía quedan 60 millones de ese ingreso, que siguen "en la caja del Consell", después de haber justificado 130 millones.

"Nos quedan 60 millones que servirán para obras como el desdoblamiento de la carretera de Campos o Llucmajor o el enlace de la autopista de Inca con Lloseta", explicó la consellera insular, que acusó al colectivo antiautopista de que sus afirmaciones "son informaciones falsas".

En una nota posterior, la plataforma tildó de "ridículo" decir que el Consell dispone del dinero del convenio de carreteras para realizar infraestructuras valoradas en 420 millones de euros.

Los antiautopista exigen al Consell todas las actas de las reuniones mantenidas por la comisión bilateral Estado-Consell de seguimiento del convenio de carreteras, así como el estado "claro" de la justificación de los gastos en obras viarias y expropiaciones entre los años 2007 y 2011 por valor de 194 millones de euros. "Reiteramos que el Consell no tiene ninguna garantía de que el Estado quiera pagar las obras de carreteras presupuestadas", aseguran.