La "corrupción sistémica" en la Autoritat Portuària de Balears (APB) que constató el juez instructor del caso Mar Blau o Puertos en su auto de procesamiento quedó ayer, tras un pacto de conformidad, en tres pequeñas multas de un total de 8.490 euros para otros tantos acusados y en la exculpación de los nueve restantes.
El principal acusado, Ángel de Matías, director de Puertos de Balears desde 1995, auspició, durante años y según el instructor, ese clima de "corrupción sistémica" y se aprovechó de sus competencias legales para obtener pingües beneficios privados, junto a otros altos cargos de la APB. El fiscal Juan Carrau le pedía inicialmente 18 años y 9 meses de cárcel, condena que ayer quedó reducida a pagar 4.050 euros. De esta cantidad, 1.350 son en sustitución de una pena de cárcel de nueve meses por un delito de prevaricación y 2.700 euros por un delito para la alteración de subastas y concurso público.
Otro de los acusados más conocidos, el expresidente de la patronal española CEOE Gerardo Díaz Ferrán, que se enfrentaba a una pena de tres años y medio, fue condenado a pagar 2.640 euros.
De esta cantidad, 1.680 son en sustitución por una pena de cárcel de siete meses y 960 en concepto de multa. Fue condenado como responsable de un delito de alteración de subastas y concursos públicos.
El tercer condenado fue Pedro Carmelo Hernández, antiguo directivo del grupo Marsans (propiedad de Díaz Ferrán) y para quien la fiscalía solicitaba provisionalmente dos años de cárcel. Hernández aceptó una pena de 6 meses de prisión, sustituibles por una multa de 1.800 euros.
Los tres condenados se declararon culpables de amañar concursos de adjudicación de amarres deportivos en Maó y Formentera, en favor de Díaz Ferrán y de otro empresario.
El fiscal Juan Carrau y el resto de acusaciones particulares y populares retiraron ayer los cargos contra el resto de encausados: el expresidente socialista de la APB Francesc Triay, Manuel Nadal de Uhler, Juan Manuel Domínguez, Gonzalo Pastor Pascual, el almirante Juan Carlos Rodríguez-Toubes, Ramón Vilardell, José Luis Cardona, Ángel Bustos y Jaume Ferrando.
El escrito de conformidad, que luego será trasladado a los hechos probados de la sentencia, implica en la trama de amaños de concesiones a Joan Verger, presidente de la APB entre 2003 y 2007 y ya fallecido. Sin embargo, a su sucesor Triay, para quien el fiscal pedía 10 años de cárcel, solo se le atribuye haber firmado una concesión en favor de Trapsa Yates, empresa de Díaz Ferrán.
El fiscal anticorrupción explicó brevemente en la vista de conformidad los motivos para modificar su calificación inicial y retirar la acusación contra 9 de los encausados. Uno fue que Díaz Ferrán, en tercer grado penitenciario por otras condenas, ha asumido su plena responsabilidad en los amaños de concursos exculpando a sus subordinados y ejecutivos.
Apartamento y parking
Otro es que la acusación de cohecho en forma de apartamento y aparcamiento en Formentera al fallecido funcionario de Puertos Justo Aguado, dádiva a cambio de amañar un concurso en el puerto de La Sabina de dicha isla, ha decaído tras comprobarse que aquel pagó esos inmuebles a precio de mercado.
Algunos de los absueltos se han beneficiado de la prescripción de los delitos tras retirarse el cargo de cohecho. La fiscalía pedía antes del pacto de conformidad cerca de 50 años de cárcel para los acusados. Las acusaciones particulares reclamaban penas superiores y a Matías, por ejemplo, le solicitaban 34 años de cárcel.
