La portavoz del Govern, Pilar Costa, ha anunciado esta mañana que el Ejecutivo balear recurrirá al Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears por la que la CAEB se libra de devolver a las arcas autonómicas 225.207 euros de dos subvenciones por un error en la tramitación administrativa. El TSJB da la razón al juez de primera instancia que consideró que el procedimiento administrativo de reclamación se prolongó más de doce meses, que es el plazo máximo de tramitación, por lo que la petición del Govern a CAEB fue declarada nula. Este error administrativo impide que, al menos por ahora, la patronal de empresarios de Balears tenga que devolver los 225.207 euros que le reclamaba el Ejecutivo balear.

Costa ha explicado que “hay diferencias de criterios” entre los juristas del Govern y el TSJIB en lo que se refiere a “cómo se contabilizan los plazos”, de tal modo que los abogados de la Comunidad Autónoma no consideran que se hayan incumplido, por lo que el Ejecutivo balear llevará el asunto al Supremo. “Hay una discusión jurídica ya que los juristas del Govern entienden que ha habido un cambio de criterio en distintas sentencias”, ha precisado la portavoz del Govern.

Como informó DIARIO de MALLORCA, el Govern reclamaba a CAEB el importe de dos subvenciones económicas de los años 2008 y 2009 entregadas para financiar unos cursos de asesorías de empresas porque no se había justificado el destino del dinero y, por lo tanto, entendía que se había cobrado de forma irregular. La CAEB impugnó ante los tribunales dos decisiones seguidas acordadas por el conseller de Trabajo, Iago Negueruela, firmadas en abril de 2016, que fueron anuladas primero por un juez de primera instancia y ahora ha sido la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJB la que ha confirmado esta decisión.

Tras el Consell de Govern, además de anunciar el recurso al Supremo, Costa ha incidido en que “de ningún modo” lo ocurrido “supone que haya habido ninguna intención” por parte del Govern para que CAEB al final se librara de devolver estos fondos, con independencia de lo que diga el Supremo respecto a si el Ejecutivo balear se equivocó o no con la tramitación administrativa al reclamarlos.