Un informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil da cuenta de que Port Olimpic Calanova S.L., la empresa que en 2013 se hizo con la privatización del puerto deportivo de Calanova, un concurso que investiga el juzgado de instrucción 3 de Palma, quiso incluir entre sus ingresos el alquiler de los 40 amarres de la Escuela Nacional de Vela ubicada en dicho recinto, algo excluido expresamente por las bases. Por otro lado, José Miguel Aguilar Ruiz, propietario de Curvas Sport, la empresa que quedó segunda en el concurso, afirma que el Govern de José Ramón Bauzá fue "tolerante" con las irregularidades en la oferta de Port Olimpic, una sociedad creada por un amigo del entonces conseller de Turismo y Deportes Carlos Delgado.

Este último; su actual socio, el abogado Carlos Gelabert, asesor y socio fundador de Port Olimpic; y el exsecretario general de la conselleria de Turismo, Joaquín Legaza, figuran entre los querellados por tráfico de influencias, fraude a la Administración y negociaciones prohibidas, delitos que se derivarían de la privatización. El querellante es la sociedad Portals Nigth S.L., vinculada al empresario Alfonso Robredo y representada por Eduardo Valdivia.

Al concurso se presentaron, además de Port Olimpic S.L. y Curvas Sport S.L., Alcudiamar S.L., Marina Estrella S.L., Moma Servicios Integrales S.L. y Panova S.A.

Curvas Sport y Alcudiamar se han quejado ante la Guardia Civil de un supuesto trato de favor por parte del Govern con Port Olimpic, a la que en el proceso de adjudicación se le habrían admitido anomalías en su proyecto de explotación y tolerado irregularidades habrían admitido anomalías en su proyecto de explotación y tolerado irregularidade en algunos datos de la memoria. La sociedad creada por Gelabert ofreció al Govern un canon (la cuota anual por explotar Calanova) mucho más elevado que el planteado por los otros aspirantes. Para ello hizo un cálculo de ingresos donde se incluían las rentas por los 40 amarres de la Escuela Nacional de Vela.

Técnicos que supervisaban la licitación habrían permitido a Port Olimpic eliminar los datos sobre los amarres de la Escuela de Vela y subsanar otras anomalías, que para otros funcionarios habrían sido motivo suficiente para expulsarlos del concurso.

De acuerdo con José Miguel Aguilar, "la cantidad media ofertada (como canon) por los licitadores rondaba los 500.000 euros y era económicamente imposible ofertar (al Govern) una cifra mayor (como lo hizo Port Olimpic) y menos aún que superara en más del 25% a la media de las presentadas (748.000 euros)".

La Guardia Civil sostiene que la empresa ganadora para poder hacer esa oferta tan alta modificó la distribución de amarres en Calanova, suprimiendo plazas y habilitando atraques para yates más grandes, que son los que dan más ingresos.

Bartomeu Bestard, consejero delegado de Alcudiamar, impugnó el concurso en el que su empresa quedó tercera, por la vía administrativa. El empresario presentó un recurso de reposición, que fue desestimado y optó por no acudir después a los tribunales.

Bestard valoró el canon de Port Olimpic como "desproporcionado" y añadió que Alcudiamar no presentó una oferta mayor dado que era obligatorio asumir el personal anterior de Calanova (subrogarse), aunque luego descubrió que estos trabajadores podían quedarse en el Govern en otros puestos. El juez Íñigo Ares tomará declaración a más testigos, entre ellos funcionarios y técnicos, los próximos días 20 y 23.