El comisario Antonio Jarabo se encontraba ayer por la mañana en plena reunión con los mandos de la Jefatura Superior de Policía, cuando recibió una llamada. A su regreso, les comunicó a sus colaboradores la noticia: "Me voy". Le acababan de comunicar que el ministerio del Interior le había cesado como jefe superior de Balears. Era algo previsto, pero todos, empezando por el propio Jarabo, esperaban que le mantuvieran hasta marzo, cuando se jubila un comisario en Canarias, de manera que pudiera ocupar su plaza.

El ministerio del Interior habría aprovechado la decisión de cesar al comisario general de Información en Madrid y al jefe superior de Policía de Navarra para hacer efectiva la marcha de Jarabo, que se hará oficial en cuestión de horas, con la publicación en el BOE. Su sustituto provisional será el hasta ahora número 2 de la Jefatura, el jefe regional de operaciones (UCOT), Alfonso Jiménez.

"Era algo anunciado"

"Me voy con otra lengua aprendida", explicó ayer el propio Jarabo a DIARIO de MALLORCA apenas un par de horas después de conocerse la noticia de su cese. El propio comisario consideró su marcha como "algo anunciado", aunque admitió que esperaba que el cese no se hiciera efectivo hasta marzo. "Parece que se ha precipitado, pero no ha sido una sorpresa". Jarabo explicó que en principio pasará a formar parte del Consejo Asesor de la Dirección General de la Policía hasta poder optar a la plaza de UCOT en Canarias.

Los rumores sobre la marcha del comisario Jarabo habían sido constantes desde el cambio de Gobierno. De hecho, él había manifestado a menudo su intención de regresar a Canarias, donde residen su mujer y sus hijos, y ayer confesó sentirse "en parte feliz", por poder reunirse con ellos. Una de las críticas más habituales que recibía el comisario en el seno de la Jefatura era precisamente que pasaba mucho tiempo en Canarias. Comentarios que algunos de sus colaboradores tildaron de "habladurías". Según dijeron, "se marchaba en sus vacaciones, como todo el mundo".

Fuentes del Gobierno apuntaron que su ausencia durante la crisis de la torrentada en Sant Llorenç y su regreso para participar en el funeral presidido por los Reyes habían molestado a la delegada del Gobierno, que se había quejado a Madrid, lo que habría precipitado la decisión.