La entrada de Pedro Sánchez a La Moncloa y la designación de Rosario Sánchez como nueva delegada del Gobierno, en sustitución de la popular María Salom, no ha bastado para que la Abogacía del Estado retire el recurso contencioso administrativo que interpuso contra el Decreto de Catalán en la Sanidad Pública, al considerar que podría tener indicios de inconstitucionalidad. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha hecho público que el recurso del Gobierno sigue su tramitación y da nueve días a las personas, físicas y jurídicas, que quieran personarse como perjudicados o demandados lo hagan. Lo significa que el Estado todavía no ha procedido a la retirada del recurso, tal y como espera el Govern y como ha manifestado la Delegación del Gobierno.
Según explicaron desde el Ejecutivo autonómico, una vez el TSJB haya reclamado el expediente para estudiar el decreto se pedirá al Estado si quiere formalizar la demanda contra la norma que impulsa el catalán en la sanidad pública. En ese momento se espera que el Gobierno central desista del recurso y se retire de acusar al Govern.
Rosario Sánchez, nada más llegar a su puesto en la Delegación del Gobierno, retiró el recurso que también había puesto el Gobierno central del PP contra las ayudas a la rotulación en catalán de varios ayuntamientosayudas a la rotulación en catalán de varios ayuntamientos, como es el caso del de Pollença y del PollençaConsell de Mallorca. De igual modo, se fulminó el recurso que también había puesto el anterior Gobierno presidido por Mariano Rajoy contra el plus de los funcionarios, conocido como carrera profesional. Sin embargo, el recurso contra el Decreto de Catalán en la Sanidad va por otra vía, ya que fue promovido por parte de tres ministerios. En concreto, los de Presidencia y Administraciones Territoriales, Hacienda y Función Pública, y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Dichos ministerios, gestionados por el PP, mantenían que el Ejecutivo Autonómico vulneraba el artículo 43 de la Constitución, en el que se reconoce "el derecho a la protección de la salud".
Fuentes de Delegación del Gobierno en Balears aseguraron ayer que la intención de Rosario Sánchez y del Govern es que este recurso también se retire y así se lo han comunicado a la Abogacía del Estado. El objetivo es que si el Estado da marcha atrás en sus intenciones de denunciar al Govern, el TSJB desista de seguir tramitando el proceso judicial. De todas formas, además del recurso del Gobierno también hay otra demanda contra este decreto interpuesta por la plataforma 'Mos Movem'.
En el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB) del pasado sábado, el TSJB hacía público que con fecha del cinco de octubre el recurso estatal seguía en tramitación. Era en ese mismo anuncio oficial donde daba nueve días para personarse como demandados a los posibles afectados.
El decreto de la polémica
El Govern rebajó el decreto con respecto a sus intenciones iniciales. Al final, no impide obtener una plaza en oposiciones sin saber catalán, pero sí es obligatorio para optar a traslados y cobrar la carrera profesional. En estos casos, los médicos y enfermeros tendrán que tener la titulación de catalán B1 y los auxiliares de enfermería y celadores el nivel A2. En caso de que no lo tengan acreditado de inicio se les da dos años para obtenerlo una vez aprueben las oposiciones.
