La ausencia de acusación, tanto de la fiscalía Anticorrupción como del Govern, ha obligado al juez Juan Manuel Sobrino a dictar un auto de archivo sobre el llamado caso Rocamar. Las dos acusaciones presentaron sendos escritos adhiriéndose a la petición de archivo, al no apreciar indicios de delito en la operación que se impulsó desde la conselleria de Turisme, por la que estaban imputados los exconsellers Carlos Delgado y Jaime Martínez. Ninguno de los dos políticos va a sentarse finalmente en el banquillo.
El juez, sin embargo, ha querido dejar claro en el último auto que dicta sobre este caso que detrás de la operación de compra del hotel de Sóller, impulsada desde el consorcio Borsa d'Allotjament Turístics, "existieron numerosas irregularidades", que Sobrino ya expuso en las numerosas resoluciones que dictó sobre esta investigación. Dichas irregularidades, "se tradujeron en una falta de transparencia, publicidad y eficacia en dicha adjudicación, principios a los que deben responder las administraciones". Pero el juez aclara, que en este caso, no se alcanza "la consideración de delictivas". El juez sostenía que el Govern había pagado dos veces el derrumbe del edificio e investigó si en la operación se beneficio a un alto cargo de Turismo.
