El Copib defiende el rol del psicólogo como coordinador de parentalidad
Podría estudiarse su implantación buscando una fórmula con la dirección general de Menores y Familia
El Colegio Oficial de Psicología de Baleares (Copib) respalda la implantación de la figura del coordinador de parentalidad en las islas y defiende el rol del profesional de la psicología en su desarrollo frente a otros colectivos.
Según defendió ayer el Colegio en un comunicado, la presencia del psicólogo está "ampliamente acreditada" por "su alta cualificación para intervenir emocional y psicológicamente con efectividad en familias con separaciones problemáticas y minimizar el conflicto interparental, en beneficio del menor y de los progenitores".
La institución colegial argumenta que "el coordinador de parentalidad tiene que tener experiencia y formación en psicología clínica, psicología jurídica, educación parental y mediación", así como "dominar toda una serie de técnicas que permitan desarrollar habilidades de comunicación más saludables entre los padres".
No obstante, también es necesario "detectar posibles interferencias que no están ayudando al ejercicio de la parentalidad", como son trastornos y sintomatologías muy invalidantes (como psicopatología, adicciones...) que estén afectando a alguna de las partes e interfiriendo en una correcta parentalidad.
Concebida en Canadá hace unas décadas, la figura profesional del coordinador de parentalidad ha empezado ahora a cobrar fuerza en Europa y España como "instrumento necesario para ayudar en los numerosos procedimientos judiciales relacionados con separaciones de parejas con hijos".
"Su función es ayudar a estos padres a reducir el nivel de conflicto y a encontrar los canales idóneos que cada pareja pueda aceptar de cara al futuro para comunicarse de una manera más sana permitiendo el ejercicio de la parentalidad respecto a sus hijos", narra Coral Mínguez, vocal de Psicología Jurídica del Copib.
Barcelona y Madrid, ciudades en comunidades con las competencias de Justicia transferidas, ya han dado pasos para implantar esta figura que está en auge. En el archipiélago, al no tener transferidas las competencias, su instauración dependería de un convenio entre el ministerio de Justicia y el Consejo de Psicología de España; o estudiar un camino alternativo con la dirección general de Menores y Familia.
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