La reivindicación y la preocupación eran prácticamente unánimes en Balears. Solo faltaba, como tantas otras veces en lo referente a este archipiélago, la sensibilidad y la comprensión de Madrid. Ha sido necesario un cambio de Gobierno para espantar de manera efectiva los temores y peligros en ciernes.
El gabinete de Pedro Sánchez dicta un real decreto para proteger el corredor de migración marina comprendido entre la costa balear y la valenciana y catalana. La medida implicará la prohibición de prospecciones petrolíferas en los 46.000 kilómetros cuadrados afectados, o eso por lo menos es lo que esperan el Govern y la Alianza Mar Blava que desde 2015 vienen insistiendo en el efecto altamente pernicioso que pueden tener en el mar balear los sondeos en busca de reservas de crudo.
Era una amenaza real percibida por una población que ha decidido movilizase por ello en distintas ocasiones, no solo en defensa del medio marino y los cetáceos, también, y sobre todo, porque el bolsillo cuenta más, por el peligro que comportaba para el gran motor económico de las islas. A nadie le gusta ir de vacaciones a un sitio con horizonte poblado de torres metálicas y movimiento de prospecciones submarinas. El perjuicio que se podía haber ocasionado no requiere demasiadas explicaciones, pero se luchaba no solo frente a la Administración, sino también en contra de los intereses de las grandes petroleras, de ahí los titubeos del Gobierno Rajoy.
Siendo vital la cuestión económica y la amenaza real sobre el turismo, no es menos cierto, por otra parte, que la lesión a un espacio usado por los cetáceos en sus migraciones era ya motivo de sobra para irse a buscar petróleo a otras profundidades marinas alejadas del frágil Mediterráneo. O para aprovechar energía alternativa.
