Los pisos de protección oficial también son objetivo de los okupas. Un total de 55 inmuebles propiedad del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) están okupados, prácticamente todos ellos en Palma. El ente público ya ha cursado las correspondientes demandas de desahucio para liberar esos pisos, un cinco por ciento del total del parque que gestiona en la capital.
"Suponen un grave perjuicio para las personas que están en lista de esperay para sus vecinos que accedieron a esos inmuebles por cauces legales. En muchos casos nos hacen llegar sus quejas porque les hacen la vida imposible", subrayó la gerente del IBAVI, Maria Antònia Garcías.
Las cifras dan idea de la gravedad del problema. Este organismo público cuenta con 1.800 pisos protegidos en Balears, alrededor de 1.400 en Palma. Y una lista de espera que supera ampliamente las 2.600 personas.
El desequilibrio entre la oferta y la demanda es evidente, por lo que el IBAVI no puede permitirse la okupación de ningún inmueble de su parque. "Nos consta que en ocasiones los okupas se enteran de que se ha vaciado algún piso porque les ponen sobre aviso familiares o amigos que viven en el mismo edificio. Así que no podemos disponer de un piso que debería ser adjudicado a una familia que lleva tiempo en lista de espera", destaca Garcías.
"Con el problema añadido de que frecuentemente estas personas provocan numerosos desperfectos y cuando finalmente conseguimos que se vayan nos encontramos con unos pisos completamente degradados", añadió la gerente del organismo público.
No hay zonas especialmente castigadas por los okupas. "El problema está extendido prácticamente por todas las promociones y se concentra en Palma y alrededores, aunque hay algunos okupas también en la Part Forana", indicó Garcías.
Desalojarlos y reparar las deficiencias implica una inversión de tiempo y dinero público, mientras aumenta el tiempo de las familias que llegan a esperar un piso protegido durante años.
La problemática de los okupas se suma a la de la morosidad, muy elevada entre los adjudicatarios de los pisos protegidos. El año pasado el IBAVI tenía detectadas a unas 700 familias cuyo índice de morosidad iba desde retrasos puntuales en el pago del alquiler hasta casos extremos que acumulaban meses o años sin pagar.
Doble cerradura
"El de la morosidad y el de los okupas son dos problemas que heredamos de la pasada legislatura, cuando había un descontrol total. Al llegar nosotros tuvimos que ir caso por caso. Hemos rebajado el índice de morosidad, pero todavía es elevado", lamentó la gerente del ente público.
Esta legislatura el Govern ha planificado dieciséis nuevas promociones que incluirán 511 viviendas protegidas que se destinarán para alquiler social en todas las islas con una inversión de 51 millones de euros.
Supone un incremento del 28 por ciento en el parque de vivienda pública de Balears, pero no satisfará la gran demanda que hay a corto plazo porque las obras de la mayoría de estas promociones no estarán finalizadas hasta 2019 y 2020.
De momento, el IBAVI ha tomado medidas para ponérselo más difícil a los okupas como reforzar las puertas con doble cerradura. "No podemos permitir que haya un efecto llamada y el problema vaya a más", sentenció Garcías.
