05 de abril de 2018
05.04.2018

Veinte millones de euros para alquileres, vivienda pública y desahucios

Un programa financiado por el Govern y el Estado actuará en varios frentes para mitigar la emergencia habitacional que sufren las islas

05.04.2018 | 23:42
Una promoción de vivienda pública en Palma.

Las cifras

  • 84 millones, el presupuesto total para los próximos cuatro años
    La dotación económica total para todo el plan es de 84 millones de euros. Este 2018 el Govern gastará 19,6. En 2019 se gastará algo menos, 19,4 millones. La inversión en 2020 será de 11,3 millones y en 2021 los 11,6 restantes
  • 6,5 millones, ayudas al alquiler para este 2018
    Esta subvención llegará a 3.300 familias después de que se haya subido el tope de alquiler de 600 a 900 euros. 
     

Casi veinte millones de euros para mitigar el impacto de unos alquileres desorbitados, rescatar a personas al borde del desahucio y construir vivienda pública. Es la dotación económica para este 2018 de un Plan de ayuda a la vivienda que se prolongará hasta 2021 y que, en conjunto, cuenta con un presupuesto de 84 millones: 50 saldrán de los recursos propios del Govern y los otros 34 del Estado.

El Plan, que sobre el papel dará cobertura a seis mil familias con dificultades severas para acceder a una vivienda cada año, supone un importante avance con respecto a la pasada legislatura, cuando el Govern invirtió únicamente nueve millones de euros en políticas de vivienda.

La inversión total prevista para este 2018 será de 19,6 millones de euros que actuarán en varios frentes. Por ejemplo, se destinarán 6,5 millones de euros a familias con dificultades para pagar el alquiler y que cumplan dos requisitos: pagar un arrendamiento inferior a 900 euros -hasta ahora el tope en Mallorca era de 600 euros - y cobrar un máximo de 23.000 euros al año.

"Este año llegaremos a 3.300 familias. En 2015 se llegó a poco más de 700. Eso es multiplicar casi por cinco el número de beneficiarios", subrayó ayer el conseller de Territorio, Vivienda y Movilidad del Govern, Marc Pons para ilustrar el alcance del programa.

Una segunda línea de ayuda -hay nueve en total- que ascenderá a 144.000 euros, se destinará a pagar el alquiler a personas amenazadas de desahucio.

También se prevén subvenciones para los menores de 35 años que quieran comprar su primera vivienda, aunque solo beneficiará a residentes en municipios inferiores a cinco mil habitantes que adquieran inmuebles cuyo precio sea inferior a 100.000 euros. "No da una respuesta real a las necesidades de Balears, pero en este caso son criterios que marca el Estado y nosotros no podemos variar. En todo caso consideramos que vale la pena incorporar esta subvención", indicó Pons.

Hay otras ayudas que ya existían y que se refuerzan económicamente. De este modo, este año se han presupuestado 1.600.000 euros para la rehabilitación y conservación de viviendas. Otra partida de 500.000 euros se destinará a la rehabilitación de zonas urbanas. La misma cantidad se dedicará a la mejora de la eficiencia energética en los edificios.

Casi la mitad de lo presupuestado para este año, unos nueve millones de euros, sufragará la construcción de vivienda pública de alquiler.

"Las primeras ayudas que sacaremos una vez firmado el convenio con el Estado serán las del alquiler. Pensamos que es una buena medida para luchar contra el incremento del precio del alquiler de estos últimos años. Es un planteamiento ambicioso, esperamos llegar a seis mil familias cada año. Bien a través de las viviendas de alquiler del IBAVI; bien con estas ayudas al mercado libre de alquiler o las que se destinarán a rehabilitación", destacó el conseller, acompañado por el director general de Arquitectura y Vivienda, Eduard Vila.

Aumentar de 600 a 900 euros el techo de alquiler para acceder a la ayuda ampliará notablemente el abanico de beneficiarios: de 2.400 familias en 2017 a 3.300, según las previsiones del Govern.

La mayor parte de los recursos contemplados en el Plan irán a Eivissa, donde se vive una situación generalizada de emergencia habitacional que se acentúa con la llegada de la temporada alta. De este modo, la mitad de las 511 viviendas públicas previstas se construirán en la isla Pitiusa.

"En el momento en el que entre en vigor la ley de Vivienda los grandes tenedores tendrán la obligación de ceder sus viviendas cerradas durante un plazo de tres años, lo que permitirá incrementar la bolsa de viviendas en zonas como Palma", señaló Pons.

El conseller criticó la gestión en materia de vivienda del PP la pasada legislatura: "El Govern Bauzá invirtió 9 millones de euros en cuatro años, todos del Estado. Y devolvió dinero porque no fue capaz de gastarse todos los recursos asignados para ayudar a los ciudadanos".

Asimismo, advirtió de que la actual previsión de gasto puede variar si el año que viene hay un cambio de Govern en Balears. "Desgraciadamente el Gobierno puede cambiar cosas para ir a peor. La política de vivienda es un problema estructural que pide continuidad. Si se dan bandazos no es efectivo. Las 500 viviendas públicas que construiremos no son suficientes, hay que ampliar este parque", indicó.

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