Juan M. H. alternó trabajos en la construcción y en la hostelería durante años. Ahorró y se hipotecó para comprar un piso en el que se instaló con sus dos hijos, uno de ellos menor. Pero en 2005 perdió su empleo, los ahorros se esfumaron, se declaró incapaz de seguir abonando las cuotas de la hipoteca y el banco solo le ofreció una salida: un desahucio exprés. Desde entonces todo se torció.
"Al cabo de un tiempo volví a a encontrar trabajo y me fui con mis hijos a un piso de alquiler. Trabajaba solo en verano, en temporada alta, y en invierno paraba. Pero entonces empezó a atacarme una depresión muy fuerte. El desahucio me había afectado mucho y finalmente me declararon una discapacidad del 71%. La ansiedad me comía y no pude seguir trabajando", relata Juan.
Aguantó unos años afrontando el alquiler. "Ibas pagando de aquella manera, pero era todo legal. Hasta que ya no pude seguir", recuerda. Sus únicos ingresos eran los 370 euros que percibía de pensión por su discapacidad. Y otros 108 euros de ayuda procedentes de los servicios sociales del Govern.
En enero de 2010 presentó por primera vez una solicitud en el IBAVI para que le adjudicaran un piso de protección oficial. Tener dos hijos a su cargo, su discapacidad y una pensión no contributiva le garantizaron una puntuación alta, pero ocho años después sigue esperando la llamada de la empresa de vivienda pública. Y en todo este tiempo, asegura, ni siquiera le han informado de qué puesto ocupa en la lista de espera de posibles beneficiarios.
En 2015 ya fue imposible seguir haciendo frente al alquiler. Y la opción de buscar otro piso en un mercado de alquileres que había empezado a inflarse estaba completamente descartada. "Conocí a una persona, una especie de intermediario. Había un piso de un banco vacío y le pagué para que me lo abriera. Era eso o quedarme en la calle con mis hijos", relata Juan.
Hace unos meses, cansado de vivir siempre pendiente de la puerta por si llegaba la policía para desahuciarle, se dirigió a una sucursal de Bankia, propietaria del inmueble, para informarles de que lo estaba okupando con su familia y solicitarles un alquiler social. "Al principio parecían dispuestos a concedérmelo. Rellené un formulario que ellos mismos me ofrecieron, pero cuando volví a la sucursal para entregárselo, me lo rompieron en la cara", subraya este hombre.
Sin trabajo -ni prácticamente ninguna posibilidad de conseguirlo- y sin la opción de conseguir que el banco le facilite un alquiler social para seguir en el piso que ahora okupa, la única salida a la situación de Juan pasa porque el IBAVI le conceda por fin un inmueble de protección oficial. "Al menos que me digan en qué posición estoy y si todavía tendré que esperar meses o años. Estoy desesperado", subraya.
"La primera responsabilidad de lo que le está pasando es de Bankia, entidad que le desahució en 2005 y años después le rompió en la cara una solicitud para conseguir un alquiler social", afirma Joan Segura, de Stop Desnonaments. Alma Vives, de la misma plataforma, carga también contra el IBAVI: "No puede ser que después de más de ocho años no sepa ni en qué posición de la lista está y cada vez que va le respondan con el habitual silencio administrativo".
