Dejamos a nuestros bebés en una guardería, nada barata por cierto, mientras seguimos luchando por llevar el pan a casa en una isla donde los salarios medios son muy bajos. Confiamos en que nuestros hijos estén bien cuidados, pero ahora, de repente, nos enteramos que nadie vigila al vigilante. Ni Ayuntamientos, ni Consells, ni Govern tienen una normativa específica para guarderías, que son las hermanas pobres de las escoletas, éstas sí reguladas e inspeccionadas.
La noticia sobre el presunto maltrato a una pequeña que todavía no ha cumplido los 2 años nos ofrece un panorama intranquilizador. Una cuidadora, seguramente sin estudios específicos en la materia, y dedicada a distraerse con el móvil y los cascos musicales en vez de velar por los pequeños. A buen seguro que a esta mujer los niños le sobran, le molestan y no tiene recursos para corregirlos, educarlos o simplemente cuidarlos.
La consellera Fina Santiago nos recuerda que hace años saltaron las luces de alarma sobre las guarderías, a las que asisten a diario más de 1.700 niños. Desde el Govern se intentó dictar una normativa para poner orden en este limbo infantil: cada centro debería tener una maestra como directora y los cuidadores también debían contar con estudios adecuados de formación profesional.
Aquel proyecto chocó con el Parlament, que decidió pasar la pelota a los Consells Insulars, y con la oposición de algunas escoletes públicas, celosas de perder su categoría de centros homologados, y con la patronal de las guarderías, contraria a endurecer los requisitos para su negocio-actividad.
Los Consells, esos elefantes dormidos, no han hecho nada: Unos por otros, la casa sin barrer.
Conviene, antes que distraerse en otras polémicas artificiales y electoralistas, legislar de cara al ciudadano y poner luz en las guarderías.
Como mínimo, el personal de las mismas sí que debería estar titulado para poder vigilar y educar correctamente a los niños.
