Defensores y familiares de Valtonyc; de los jóvenes de Alsasua y de los políticos catalanes encarcelados expusieron ayer su situación en el Parlamento Europeo de Estrasburgo en una rueda de prensa conjunta que buscaba evidenciar que la libertad de expresión está en peligro en España, un país que, aseguraron, vive "un retroceso democrático".
Miembros del grupo de apoyo al rapero y las familias de los navarros y los catalanes encarcelados participaron en un acto organizado por ERC, PDeCAT, Podemos, Bildu, Izquierda Unida y BNG bajo el epígrafe Defendiendo los derechos humanos en la UE: el caso de España.Defendiendo los derechos humanos en la UE: el caso de España
"Límites a la libertad"
Mulay Embarek, portavoz de la plataforma que defiende a Valtonyc, afirmó que la justicia española "ha decidido limitar la libertad" del cantante, condenado a tres años y medio de cárcel, "por el mero hecho de cantar, de denunciar injusticias sociales, la corrupción y el franquismo".
Anna Forn, hija del ex conseller catalán de Interior, Joaquim Forn, aseguró que los miembros de un Gobierno "elegido democráticamente" además de otras personalidades, como la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, o los activistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, "se encuentran en prisión preventiva por permitir ejercer el más democrático de los derechos".
"Los primeros que entraron en prisión llevan más de siete meses privados de libertad sin juicio. Todos ellos están acusados de un delito de rebelión, que requiere violencia", comentó Forn, quien añadió que esa violencia "no se ha producido".
La hija del conseller Forn criticó que España está "judicializando un problema político con la ayuda del sistema judicial, lo que evidencia un retroceso democrático". Por todo ello, desde la sede del Parlamento Europeo de Estrasburgo instó a actuar a la Unión Europea.
"Gran desprotección"
Por su parte, Isabel Pozueta, madre de Adur Ramírez, uno de los tres acusados de la agresión a dos guardias civiles en Alsasua que se encuentra en prisión, aseguró que antes y durante el juicio celebrado en abril han vivido "una gran desprotección".
"El proceso pone en duda la garantía de la imparcialidad", dijo Pozueta, ya que "la acusación ha tratado de amplificar los daños sufridos" para "fundamentar los hechos como consistentes de un delito de terrorismo".
Para Pozueta, "hay intereses concretos en el Estado español para decir otra vez que ETA está presente, que todo es ETA" y que los acusados por la pelea en el bar de Alsasua "seguían una estrategia de ETA".
