Més asumirá el coste de la defensa de sus tres cargos imputados por el caso de los contratos a su jefe de campaña Jaume Garau. Los honorarios del abogado de la exconsellera Ruth Mateu y del exdirector del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), Josep Ramón Cerdà; y el del exdirector de la Agencia Balear de Turismo (ATB), Pere Muñoz, correrán a cargo de las arcas del partido ecosoberanista.
Así lo confirmaron ayer fuentes de Més. Según explican, sus reglamentos internos comprometen a la coalición a asumir los costes de asesoría jurídica y la minuta de los letrados a sus cargos públicos y militantes en este tipo de procesos. Por ello, Més sólo se hará cargo de la defensa de Mateu, Cerdà y Muñoz, y no de la del que fue su jefe de campaña Jaume Garau ni de la del exnúmero dos de Cultura, Jaume Gomila. Mientras que el primero fue expulsado del partido al estallar el caso, el segundo era cargo por Més per Menorca.
De momento, explican, todavía no se ha abonado ninguna cantidad. Para ello, están a la espera de que concluya todo el proceso y que los cargos imputados hagan llegar las facturas a la formación. La exconsellera Mateu, hoy miembro de la cúpula de Més, y Cerdà comparten como abogado al catedrático de Derecho Constitucional Sebastià Rubí, mientras que Pere Muñoz ha contado para defenderse con el exfiscal anticorrupción Pedro Horrach, mediático a raíz de sus discrepancias con el juez José Castro por su oposición a imputar a la Infanta Cristina en el marco del caso Nóos.
Cabe recordar que Més forzó a Ruth Mateu y a Cerdà a dimitir de sus cargos tras publicar este diario los contratos desde varias consellerias del partido a Jaume Garau.
Además, desde el partido explican que en caso de que no resultaran condenados al final del proceso, podría no ser Més, sino el Govern, quien asumiera los costes de la defensa. En este caso, también se beneficiaría Gomila. La razón, detallan, es que si son imputados por hechos llevados a cabo en el desempeño de su cargo en el Govern, pueden acogerse a que sea la Abogacía de la Comunidad quien les defienda. Como el brazo jurídico del Ejecutivo se personó en la causa no tuvieron esa posibilidad, por lo que en caso de resultar absueltos podrían pasar la factura a las arcas autonómicas. Para ello deberían darse, eso sí, esos dos supuestos: que hubieran solicitado la defensa a la Abogacía y que finalmente fueran absueltos de los delitos por lo que han declarado ante el juez esta semana.
Ayer fue el turno de Jaume Garau, el principal acusado en el caso Contratos. El estratega electoral de Més en las últimas elecciones autonómicas, en 2015, minimizó ante el juez instructor Enrique Morell su papel de ideólogo y jefe de campaña de la fuerza ecosoberanista en las últimas elecciones autonómicas. Según explicó, los ecosoberanistas gastaron en esos comicios medio millón de euros y sus empresas solo hicieron trabajos por 35.000.
Sin embargo, el papel descrito ayer por Garau contrasta con el protagonismo que tuvo en Més desde que se le presentó en diciembre de 2014 como su coordinador para la campaña electoral hasta que participó activamente, incluso ejerciendo de portavoz de Més, la noche electoral de 2015.
Estrategia compartida
Garau, defendido por Carolina Ruiz, prestó declaración durante poco más de una hora ante el juez y la fiscal anticorrupción Clara Lavado, cuya querella acusa a tres exaltos cargos de la conselleria de Cultura, Ruth Mateu, extitular de ese departamento; Jaume Gomila, exdirector general de Cultura; y Josep Ramon Cerdà, antiguo director del Institut d'Estudis Baleàrics, y al director gerente de la Agencia de Turismo de Balears, Pere Muñoz, todos de Més, de favorecer a Garau con adjudicaciones a dedo, para lo que habrían fraccionado contratos mayores.
Los tres primeros declararon el miércoles y ayer fue el turno para Garau y Muñoz. Según fuentes jurídicas, los cinco acusados han mantenido la misma estrategia defensiva y sin apenas contradicciones. Todos los investigados coinciden en que no se fraccionaron los contratos, que se hicieron los trabajos encargados a Garau y que fueron útiles para Cultura y Turismo, que éste es un prestigioso consultor e investigador en demoscópica y que se respetó la legalidad "escrupulosamente", en palabras del estratega electoral.
Según la fiscalía, Garau obtuvo en 2016 dos contratos menores a dedo: el primero era "sobre la realización de trabajos y estudios técnicos del impacto económico de la cultura de Balears y el segundo consistía en "diseñar un estudio de satisfacción de los turistas que visitan las Balears". Anticorrupción postula que el jefe de campaña de Més se basó para esos estudios en encuestas realizadas por otras empresas, que sus informes no habrían podido hacerse sin ese trabajo de campo y que se fraccionaron los trabajos para favorecer al jefe de campaña.
Muñoz y Garau sostuvieron ante los investigadores lo contrario y explicaron que las instituciones públicas suelen encargar encuestas y barómetros a unas empresas, que entregan ese trabajo en "bruto". Los datos pueden ser así utilizados por otras consultorías para elaborar estudios e informes sobre diversos aspectos, lo que da mayor utilidad a los trabajos de campo y resulta más económico para la administración.
Garau defendió su amplio currículum, donde figura que ha asesorado a varios partidos e instituciones de toda España. El imputado añadió que hizo muchos más trabajos para el Govern del PP de José Ramón Bauzá que para el actual Ejecutivo. También recordó que su propuesta para llevar la campaña de las elecciones generales de Més fue rechazada y que ahora trabaja para los próximos comicios europeos del PP.
Muñoz desvincula a Barceló
Respecto al hecho de que sus empresas fueran invitadas a adjudicaciones de contratos menores por el Govern del Pacte, Garau lo justificó en que él tiene mucho prestigio en el sector y figura en las bases de datos de las consellerias por trabajos en otras legislaturas.
Pere Muñoz negó que el entonces titular de la conselleria de Turismo, Biel Barceló, que dimitió de su cargo por un viaje a Punta Cana,viaje a Punta Cana, tuviera nada que ver con el contrato que se dio a Garau. La única discrepancia entre los dos imputados fue que Garau definió con un simple "conocidos" a los cuatro exaltos cargos, mientras que Muñoz dijo ser "amigo" del principal encausado. "Tenía contacto con ellos, sé quiénes son y les conozco, pero no tengo ningún vínculo de relación personal o de amistad", dijo Garau a los medios.
Para continuar con la instrucción, el juez Morell citará a varios testigos, la mayor parte funcionarios del Govern, para esclarecer si se fraccionaron los trabajos.
