Mallorca ha sido expropiada a los mallorquines. Ni siquiera tienen libre acceso a las playas que pagan, deben ponerse a la cola o visitarlas en enero. Los compradores de casas y fincas en la isla, en buena parte con dinero procedente de la actividad delictiva blanqueado en paraísos fiscales, no solo expulsan a los nativos sino que bloquean impunemente caminos y accesos públicos. O amenazan a los intrusos con perros peligrosos.
Este abuso físico en cuanto geográfico a los residentes transcurre sin protestas, porque Dumas pensaba seguramente en Mallorca cuando acuñó la denominación de "la isla neutra". La Ley de Caminos quijotesca que propone el Consell pretende devolver la libre circulación por la isla a sus habitantes, y no solo a quienes han adquirido la tierra con dinero de dudosa procedencia. Casi puede escucharse el estremecimiento de los huesos de los buitres inmobiliarios.
Por fortuna, esta locura populista será una legislación efímera. Si se aprueba en el Parlament, y veremos que dicen los socios PP/PSOE del 155, la ley durará el tiempo que tarde la primera reclamación en alcanzar a la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior. Ante esa instancia, la idea de que los mallorquines tienen algún derecho a decidir sobre Mallorca suena más radical que la independencia de Cataluña.
El TSJ repondrá el candado en los caminos. Se cuentan ya por docenas las sentencias, a menudo con sanciones monetarias estratosféricas, contra las decisiones de la izquierda en el poder. La tramitación debió cursarse en sentido inverso. Los gobernantes votados escrupulosamente por los ciudadanos tendrían que implorar la autorización a funcionarios que nadie sabe de dónde han salido, y solo a continuación legislar sobre los caminos. Así, el ambicioso Camí de Cavalls sería sustituido por el Camí de Gavines. Si alguien desea circular con libertad por Mallorca, que aprenda a volar. O que se agencie un millón de euros, incluso legalmente.
