Muchos meses antes de ser detenido, el empresario Bartolomé Cursach sospechaba, no solo que le estaban investigando, sino que le tenían intervenidas sus conversaciones telefónicas. Y una de las pocas maniobras que pudo hacer (descubierta por la Policía), es que el empresario renunció a su cargo formal de administrador único de su principal sociedad, con la que controla todos sus negocios, en plena investigación. Entre los meses de septiembre a noviembre del año pasado, Cursach comunicó un cambio en el control de sus empresas, en las que hasta entonces el magnate figuraba como administrador único. En el registro mercantil, sus dos sobrinos, uno de ellos condenado por amenazar a una testigo, aparecen como apoderados solidarios, aunque sin ningún poder ejecutivo en la empresa.

La principal empresa que controla Cursach es la denominada Megainver, que a su vez gestionaba un total de 22 sociedades, como han podido averiguar los investigadores a través del registro mercantil. Cada uno de los negocios del Grupo Cursach está gestionado por una determinada sociedad, que a su vez está controlada por la empresa matriz, que es Megainver. Esta sociedad matriz se creó en el año 2001 y Cursach, según el informe policial, tenía el control absoluto.

A pesar de que en estos el empresario no figura como administrador único de las sociedades, ello no supone que haya perdido el control en ningún momento. De hecho, la Policía afirma que toda la actividad descansa sobre un grupo familiar, pero que la cabeza visible de todas las actividades es Bartolomé Cursach. También afirman los investigadores que "se sirvió de una red criminal como instrumento necesario para favorecer y proteger los intereses económicos y comerciales de su grupo empresarial".

Cursach lleva privado de libertad desde que la Policía procediera a su detención, que se practicó a principios del pasado mes de marzo. La Policía le acusa de graves delitos. Desde que el juez Penalva levantara el secreto del sumario, y por tanto los abogados defensores tuvieron conocimiento de las pruebas que implican a Cursach en esta trama, la defensa no ha vuelto a presentar ningún escrito solicitando la libertad del empresario. Se pidió una vez y el juez la rechazó, decisión que más tarde fue confirmada por la Audiencia de Palma. El empresario ha presentado una finca de la República Dominicana para avalar la fianza de responsabilidad civil, cifrada en doce millones de euros, que le impuso el juez. Sin embargo, el magistrado está valorando rechazar dicho aval, al entender que no cumple con las garantías necesarias para cubrir la fianza.