A la segunda comunidad que más aporta por habitante a la financiación del sistema autonómico no le gusta el modelo de reparto que desde 2009 la relega al noveno puesto cuando de recibir recursos se trata. Y menos aún le gusta a Balears la propuesta que hay ahora sobre la mesa para reformar la financiación autonómica, es decir, la distribución entre todos de ese pastel pagado con especial generosidad por los ciudadanos y empresas de las islas. El planteamiento de reforma impulsado, sin aparente fe ni prisas, por el Gobierno Rajoy (PP) llega con dos años de retraso y después de seis meses de trabajo de un Comité de Expertos que ha alumbrado un documento "decepcionante" e "inaceptable" para Balears, según aseguró ayer la consellera de Hacienda, Cati Cladera (PSIB), que advierte de que las islas no tragarán con un cambio que tiene pinta de hacer llegar aún menos recursos. De partida, dice, de aplicarse, supondría recibir 100 millones de euros menos al año por IVA e impuestos especiales. "Lejos de avanzar, esto es una involución", avisa.
La consellera compareció acompañada de uno de los economistas que más sabe de financiación autonómica en el Estado español, el menorquín Guillem López Casasnovas, encargado además de representar a las islas en esa reunión de especialistas en la que durante seis meses debían buscar un sistema más justo, transparente y comprensible, pero acabaron alumbrando un Frankenstein. Así lo define el propio López Casasnovas, que se declara decepcionado "por el comité de expertos: no diré comité de sabios porque con el comportamiento que han tenido no me dan opción de hacerlo".
El reconocido economista, profesor, consejero del Banco de España y asesor en diversas ocasiones de los gobiernos de Balears y Cataluña lamentó (en línea con el artículo firmado ayer mismo por él en Diario de Mallorca) "la oportunidad perdida" para dotar al sistema autonómico de un modelo de reparto regido por criterios técnicos, un nuevo comienzo tras décadas de arbitrariedad y luchas intestinas entre autonomías que tuviera la sostenibilidad de los servicios públicos y la corresponsabilidad fiscal de todas las comunidades y del Estado como ejes. "No ha sido así. Lo que tenemos no es un avance, sino una involución que no permite avanzar en el Estado de autonomías y de bienestar", sintetiza Cladera, respaldada por López Casasnovas, que a su vez recalca que el modelo planteado es "un sinsentido" y un "paso atrás" hacia un modelo tan ambiguo y carente de transparencia que las comunidades no saben cuánto recibirían si se aplicase.
De hecho, la propuesta de los expertos es tan confusa que, en respuesta, comunidades como Balears e incluso el Estado han presentado un voto particular con planteamientos alternativos. ¿Qué ocurrirá a partir de aquí? Pues que "no solo se pierde una oportunidad, sino que se pierde el tiempo", dice Cati Cladera, que ve ahora más difícil que se cumpla el objetivo de tener un nuevo esquema de reparto de fondos durante el año 2018. Ahora un nuevo comité, este de técnicos, le pondrá números, fórmulas y cifras a los ejes de difícil comprensión trazados por los "expertos". Y a principios de 2018 debería haber una propuesta por parte del Ministerio de Hacienda. Con lo que todo vuelve al método habitual desde hace 30 años a la hora de diseñar la financiación autonómica: serán los políticos los que deban llegar a componendas que resuelvan el planteamiento "decepcionante" e "inaceptable para Balears" que han planteado los expertos. Estas son sus características:
Zarpazo a Balears: Las islas perderían cien millones al cambiar la forma de asignación del IVA y los impuestos indirectos
Aparte del cúmulo de "vaguedades" y "sinsentidos" que, según López Casasnovas, describe el planteamiento del comité de expertos, la propuesta incluye una concreción, aunque no es precisamente favorable para Balears: se defiende la creación de un "IVA colegiado", que permitiría a las comunidades subir el tributo si así lo quisieran, aunque siempre haciéndolo por unanimidad. Plantean para ello que el IVA (cuya recaudación ahora está cedida en un 50% a las autonomías) tenga dos tramos, uno estatal y otro regional, sobre el que las comunidades (y solo por unanimidad) podrían aplicar cambios. Algo parecido se aplicaría a los impuestos especiales. El problema para Balears no es tanto esa opción de que las comunidades suban el IVA (irreal, dice López Casasnovas, que no ve a gobiernos tan dispares acordar un incremento entre todas) como el sistema de reparto, que sería un duro golpe. "Perderíamos más de cien millones", cuantifica la consellera Cladera. Todo porque ese IVA se haría según la población residente en cada comunidad, sin considerar factores que elevan la recaudación estatal y el gasto del Govern en las islas, como la presencia de turistas o el incremento de precios de consumo que provocan la insularidad y el propio turismo. Balears pasaría así a recibir un 3,5% de la recaudación (lo que le toca por consumo y aportación) a un 2,5% (lo que le tocaría por población residente). La diferencia son cien millones de euros, muchos más que los 80 que recauda la ecotasa o el doble de lo que dedican a la Conselleria de Turismo las islas clave del turismo. Mucho dinero, con un agravante que enfatiza la injusticia: el nuevo sistema seguiría cogiendo los ingresos más potentes que se derivan de una economía turística, pero no compensaría el impacto de los turistas en la dotación de servicios públicos de una comunidad a la que solo pagarían por sus residentes. "Inaceptable", repite Cati Cladera.
Más copagos: Los expertos sugieren a las comunidades que pongan más cargos en la sanidad y la educación
Si lo anterior es para Cladera inaceptable por lo que supone de golpe al Estado de las Autonomías, este punto recibe la misma calificación, pero por ser un castigo al Estado de Bienestar. "Para que tengamos recursos nos dicen que creemos nuevos copagos en sanidad y en educación. Inaceptable", enfatiza Cladera, que acto seguido recuerda que Balears parte de una situación de infrafinanciación (recibe menos que otras ocho regiones, pese a entregar más que la mayoría), y esa falta de recursos está detrás de los problemas de las islas para financiar su educación y su sanidad (a las que se va la mitad del dinero del Govern). Dicho de otro modo: sugerir copagos como respuesta a la falta de financiación en sanidad y educación supone castigar doblemente a los ciudadanos de las islas, que aportan más pero reciben menos, y, precisamente por recibir menos, deberían pagar recargos por servicios gratuitos.
Condonar deuda: Una opción a explorar: cambiar la falta de financiación por perdón de deudas
En el diagnóstico de situación que hace el comité de "expertos" para la reforma de la financiación autonómica se habla de la opción de reestructurar la deuda de las autonomías con el Estado. Aunque no se concreta cómo se haría. En este punto, López Casasnovas y la consellera Cladera ven una opción para Balears: el 60% de la deuda pública de las islas es con el Estado, por lo que se buscarían condonaciones de créditos para compensar la infrafinanciación que sufren históricamente las islas. Aunque López Casasnovas cree imprescindibles ambas cosas: quitarte deuda y recibir recursos suficientes para atender las competencias de la comunidad. ¿Razón? Si no acabas con la infrafinanciación y pagas tus servicios públicos con deuda, tu sostenibilidad futura es más que cuestionable y cada vez pagarás más intereses y te costará más conseguir crédito.
La gran derrota: El sistema mantiene un 'statu quo' que relega a Balears y no reconoce su mayor aportación a la caja
Una de las grandes razones por las que Balears persigue desde hace décadas mejoras de financiación está relacionada con el desequilibrio ("expolio", dicen algunos como el vicepresident del Govern, Biel Barceló) que hace que los contribuyentes baleares sean los segundos que más impuestos ponen, pero solo los novenos a la hora de recibir recursos. Por ello las islas defienden (hoy con el Pacto y antes con el PP) el llamado criterio de ordinalidad, que implica que ocupes al cobrar el mismo puesto que cuando toca pagar. Y si eres el segundo que más contribuye, que seas el segundo que más recibe (o incluso el tercero o el cuarto, pero nunca el noveno como ahora o el último, como en la década anterior). Esa necesidad de ordinalidad la recogen los "expertos" en su diagnóstico, pero luego no hacen ninguna propuesta al respecto.
Y lo mismo cuando critican la pervivencia del statu quo como base por la que cualquier reforma pase por que nadie pierda recursos: dicen que eso hay que cambiarlo (como defiende Balears) y que sean los criterios técnicos y la igualdad en los servicios públicos lo que impere, pero luego no se atreven a sugerir receta. ¿Resultado? No está claro cómo quedaría el reparto de recursos con esta propuesta, resalta López Casasnovas, pero ya se puede decir que quienes ganan con la reforma son "todos los que se benefician de que se haya salvado el statu quo: Aragón, La Rioja, las dos Castillas y Extremadura", que seguirán recibiendo más que Balears pese a aportar menos. Y ahí surge un último problema para las islas y su presidenta, Francina Armengol (PSOE), que ni siquiera tendrá apoyos en comunidades gobernadas por su partido: Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha tienen gobiernos socialistas en los que saben que para mantener el status quo y recibir más de lo que aportan, Balears (y algunas otras) deberán perder y poner de más. Otra vez.
