El caso Infanta enfrenta a dos escuelas jurídicas con traducción a todas las esferas de la existencia. Se alinean de un lado quienes están dispuesto a complicarse la vida, al servicio de la dignidad de la ciudadanía traicionada por un manojo de desaprensivos con apellidos rimbombantes. Se sitúan en la otra orilla quienes prefieren aguas remansadas, a riesgo de la pestilencia. Ambas tradiciones poseen un arsenal sobrado para condimentar sus argumentos, por lo que pueden salvar sus resoluciones sin merma de la profesionalidad exigible.
Se complicó innecesariamente la vida el juez Castro, que solo ha ganado quebraderos de cabeza con una causa endiablada. Se metió en problemas el fiscal Horrach, aunque dedicara a continuación la mitad de su esfuerzo a salvar a la Infanta. La Audiencia prefirió contemporizar, alumbrando después de nueve meses la sentencia de un tribunal deshilachado y sin recomposición posible, con un homenaje post mórtem a las calidades aristocráticas de Urdangarin.
En el último capítulo, la fiscalía del Supremo escoge también la senda más escarpada. El lenguaje terminante del ministerio público se aproxima al vulgo antes que a la Corte. Su determinación categórica con tintes quevedescos deja atrás incluso al cervantino Castro. El texto devuelve en toda su pureza la gigantesca estafa del caso Infanta. El escrito de petición de penas recuerda que, más allá del dinero, el "desfalco" buscaba el placer de imponer la santa voluntad sin trabas legales.
En realidad, las dos escuelas enfrentadas por el caso Infanta difieren únicamente en el enfoque de los foros fantasmagóricos, regalados por el PP al cuñado del Rey solo por su pertenencia a la Familia Real. Los partidarios de un castigo abultado se dirigen de entrada a los hechos, y solo después reparan en los oropeles de los personajes involucrados. Los amigos del statu quo se fijan primero en los títulos de los poco presuntos delincuentes de la trama, y solo a continuación posan la atención en sus tropelías. Al proceder de esta guisa, se acaba casi por entender a los condenados.
La fiscalía del Supremo ha redoblado la apuesta ante una sentencia muy comprensiva. Reclama casi tres décadas de cárcel para Urdangarin, Diego Torres y Matas, por delitos de matriz económica. Los Borbón Urdangarin siguen en Ginebra.
