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Entrevista

María Dolores Lozano Ortiz: "Los padres no tienen obligación legal de mantener a un hijo que no quiere estudiar ni trabajar"

Lozano recuerda que los hijos que trabajan están obligados por ley a contribuir a la economía doméstica

La abogada posa en el Colegio de Notarios, que acogió las jornadas organizadas por el grupo ´Estudios jurídico-civiles´ de la UIB.

La abogada posa en el Colegio de Notarios, que acogió las jornadas organizadas por el grupo ´Estudios jurídico-civiles´ de la UIB. m.mielniezuk

P ¿Qué problemas se crean con las pensiones de alimentos de los hijos cuando pasan la mayoría de edad?

R Primero, está la problemática de carácter procesal, porque no hay un criterio unitario cuando se quiere extinguir una pensión de un hijo mayor de edad. Luego, hay cuestiones de fondo sobre las causas por las que a un padre se le concede la extinción de la pensión: mala conducta del hijo, mala aplicación en los estudios, tener la opción de ejercer una profesión y no hacerlo...

Los tribunales han de ponderarlo. Hay audiencias que creen que a partir de los 25 años no se ha de fijar una pensión, otras dicen que sí... El Supremo acuñó el término ´parasitismo social´ en 2001 y dijo que en la sociedad actual un titulado universitario sin ningún problema físico ni mental que tenga la posibilidad de trabajar no ha de cobrar una pensión.

P Son los ´ninis´, jóvenes que ni estudian ni trabajan; en estos casos porque no quieren.

R Eso es lo difícil, cómo acreditar esta actitud: el eterno repetidor, el chaval que no se esfuerza para incorporarse al mercado laboral... Depende muchas veces de lo progresistas o conservadores que sean los tribunales. Por ejemplo, un

chaval de 26 años que no ha terminado la carrera de Derecho, sin estar trabajando u otros factores, es que no tiene interés en los estudios. O el eterno opositor. Los tribunales lo que hacen en estos casos es temporalizar. Dicen: hasta este plazo se paga pensión.

P Habla de titulados universitarios, pero supongo que se aplica a cualquier nivel de estudios.

R Sí, pero a los hijos que no han estudiado se les exige más, tienen más posibilidades de que se les extinga la pensión antes.

P ¿Este problema se ha acentuado con la crisis?

R A partir de 2011 los casos han aumentado considerablemente.

P ¿Esto también crea conflictos del padre o la madre con el hijo?

R Imagine que un hijo mayor de edad cobra una pensión. El progenitor que la paga logra su extinción, pero el hijo sigue viviendo en la casa del otro progenitor, que de repente se encuentra con que tiene que seguir manteniéndolo.

P ¿Pueden acudir a los tribunales para que se vayan de casa?

R Sí, porque esos hijos están viviendo en precario, gratis et amore. Los padres no tienen obligación frente a un hijo que no quiere estudiar ni trabajar y que además no cumple las normas de la casa, un deber moral que tienen los hijos aunque sean mayores de edad. Pero estamos educando a niños tiranos, que cuando cumplen los 18 se creen con derecho a exigirlo todo, e incluso incurren en maltrato psicológico hacia sus padres.

P ¿Hay familias de Balears que han tenido que acudir a la vía judicial para echar a sus hijos?

R Aquí y en toda España. Hay una problemática de convivencia, graves abusos de los hijos, incluso menores de edad, a sus padres. Se creen con derecho a todo, no les hemos enseñado a frustrarse. Y eso es importante. Es un fondo psicológico, sociológico... pero es que el derecho está para regular la realidad social, que suele ir más avanzada que la

legislación.

P Un hijo mayor de edad que trabaja, ¿está obligado a aportar a la economía doméstica?

R Es la contribución de las cargas familiares. Y esto, los padres, por una cuestión de educación, hemos de exigirlo. Si estuvieran viviendo con sus amigos, pagarían su parte. Pues en la casa familiar, igual. Si los hijos y los padres se llevan bien, estos permiten a sus hijos que ´les absorban todo´ y es un error. Hay que exigir.

Parte del fracaso escolar viene por eso: un chaval deja de estudiar para trabajar y gana 800 o mil euros, sigue viviendo con sus padres y tiene todo ese dineral para gastarlo en lo que él quiera. Y cuando llega el momento de independizarse, no puede porque se ha acostumbrado a manejar una cantidad de dinero que antes era solo para él.

P Pero es un hecho que la crisis dificulta la emancipación, y más en Balears, donde el acceso a la vivienda es muy difícil.

R La crisis la han sufrido mucho las familias, que han tenido que aprender a sobrevivir, y también los hijos. Pero también es verdad que nuestros abuelos emigraban al extranjero y la población joven ahora también lo hace, pero algunos no quieren moverse de su casa. O no quieren aceptar según qué trabajos. Hay una generación sobreprotegida.

P Hace poco un joven denunció a su madre porque le había intentado quitar el móvil y en el forcejo le hizo unos arañazos involuntarios. El fiscal pedía nueve meses y medio de cárcel, al final quedó absuelta.

R Vaya por delante que el maltrato a los menores tiene que estar absolutamente prohibido. Pero ha llegado un momento que se ha desautorizado a los padres hasta tal punto de que no se les permite hacer nada que puede interpretarse como un exceso en el poder de corrección. Los padres pueden castigar sin salir, sin tele... los castigos de toda la vida, evitando evidentemente el maltrato. ¿Un bofetón? La ley dice que es maltrato. ¿Hasta qué punto puede considerarse que gritar a un niño es un trato vejatorio? Tenemos ámbito de que la ley dice eso. ¿Hasta que punto afecta eso al poder de corrección de los padres? Pues afecta.

Hay casos de adolescencias difíciles o niños con alguna disfunción, pero hay muchos hijos acostumbrados a hacer lo que quieren porque desde pequeños se les ha dejado y los padres llega un momento en que no pueden sostener la situación.

El caso del móvil es una barbaridad. Me parece bien empoderar a los niños, pero se está haciendo mal. Hay niños que dicen: "Ah, pues te denuncio" y hay padres muy asustados. En las escuelas se les informa de sus derechos, y está muy bien y es necesario, han de conocerlos, pero no les dicen cuáles son sus obligaciones.

­P ¿Están recogidas esas obligaciones en alguna ley?

R En 2015 se introdujo una modificación en la ley del Menor para, por primera vez, en el artículo 9, fijar las obligaciones de los hijos menores de edad. El respeto a los padres, obedecer, hacer los deberes, colaborar en las tareas de la casa... Está claro que la legislación y protección del menor es necesaria, pero no olvidar también

­P En los casos de divorcio, ¿sigue siendo lo más habitual que la madre se quede con el uso de la vivienda y la custodia?

R En Balears no tanto. El Supremo va consolidando esta línea, buscando la opción más parecida para los hijos a la de antes de la ruptura de la convivencia. No obstante, hay que mirar cada caso.En Balears, del 38 al 40% de las custodias que se piden en procesos contenciosos son concedidas. Otros juzgados tienen más tendencia a la custodia monoparental.

La clave es que al artículo 93 del Código Civil, que regula el uso y disfrute de la vivienda común, ningún partido se atreve a meterle mano porque es un conflicto. Si tuviéramos un código de familia como el catalán, puntero, veríamos que el uso de la vivienda no tiene porque ir sí o sí acoplado a la custodia de los niños. Hay familias que pelean por la custodia porque saben que implica el uso de la casa, que es el bien común más preciado de la familia.

Recomiendo ir a abogados de familia, especializados, porque se cometen muchos errores, como pensar que con la custodia compartida no hay pensión: sí la hay, es proporcional a los sueldos.

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