El objetivo del traslado es ahorrar. Ahora mismo Educación paga varios alquileres para albergar sus oficinas: varios despachos en el edificio de la calle Alfons el Magnànim y los locales en las Galerías Geranios (la Oficina de Escolarización de la calle de Salvà de Palma es propiedad del Govern).
En cuanto se trasladen, el Ejecutivo autonómico pagará un único alquiler de 40.000 euros al mes, lo que supondrá un ahorro de unos 23.000 euros mensuales.
Al año, el ahorro será de 280.000 euros. Y de aquí a los próximos 20 años (el contrato fija este plazo: de 2017 a 2037) se calcula que el ahorro global será de más de 3,6 millones.
Este alquiler de 40.000 euros mensuales es el que se pactó directamente con BMN-Sa Nostra, después de que el concurso convocado el pasado verano desde la conselleria de Hacienda y Admnistraciones Públicas quedara desierto.
En ese concurso, el precio máximo que se establecía era ése, 600.000 euros al año o 40.000 euros al mes. La entidad financiera se presentó al concurso, pero por una formalidad referente a las escrituras el proceso tuvo que ser declarado desierto.
Hacienda ya ha publicado la pertinente autorización y la contratación, pero BMN-Sa Nostra aún no ha firmado nada. Desde Conselleria se afirma que se firmará "en breve".
Asimismo, desde Hacienda y Administraciones Públicas se aseguró a este diario que a los antiguos arrendadores se les seguirá pagando el alquiler mientras se utilicen sus oficinas y que a los nuevos se les pagará según se vaya ocupando la torre de Son Fuster.
Según la resolución firmada por la consellera Catalina Cladera y publicada ya en el BOIB, BMN-Sa Nostra deberá adecuar los espacios antes de entregarlos y que en el momento en que Educación ya esté instalada allí el Govern tendrá dos meses de carencia.
Ahora mismo, el Govern paga entre las dependencias de Alfons el Magnànim y las de la calle Geranios unos 680.000 euros al año, más 100.000 en concepto de gastos de comunidad. Además, Educación calcula que el tener las sedes separadas les supone un gasto extra de más de 100.000 euros anuales por desplazamientos y envíos de documentos. Éste es uno de los alquileres más elevados de los que asume el Govern para sus oficinas.
