Aunque todavía no es oficial, el Govern, baraja no acusar a nadie en la pieza separada 28 del Palma Arena, donde se investiga si el dueño de la constructora Bruesa, Antonio Pinal, pagó 600.000 euros al PP de Balears para comprar parte de su sede central en la calle Palau Reial de Palma. La Abogacía de la Comunidad Autónoma tendrá que pronunciarse en los próximos días sobre el futuro de la causa, tras la decisión de la fiscalía anticorrupción de pedir el archivo ante la falta de pruebas incriminatorias del cohecho.
El juez José Castro dio ayer traslado a la acusación particular en el caso Palma Arena en nombre del Govern para que se pronuncie sobre la petición de archivo cursada por la fiscal Laura Pellón.
La Abogacía del Govern no se ha pronunciado a este respecto, pero todo parece indicar que solicitará ser apartada del caso al entender que las arcas públicas no se han visto perjudicadas por estos hechos. La retirada del Govern forzará al instructor a decretar el sobreseimiento del caso, que se abrió a raíz de unas declaraciones del exedil de Urbanismo del PP en Cort Javier Rodrigo de Santos ante la fiscalía anticorrupción, comparecencia que tuvo lugar el 15 de julio del 2014.
El silencio de Pinal
De Santos desveló que Pinal le había confesado cómo había pagado parte de la nueva sede del PP en Palau Reial a cambio de que se le permitiese urbanizar en los terrenos de los antiguos cuartes de Son Busquets y Automóviles.
De Santos, que fue condenado en su día por malversación de caudales y corrupción de menores, es un testigo de cargo en la pieza separada 28 del caso Palma Arena, donde se investiga la presunta financiación ilegal del PP.
El pelotazo frustrado de Bruesa en Palma se conoció gracias a la versión del exregidor de Urbanismo del PP.
Antonio Pinal fue citado en 2015 como imputado en esta pieza separada del Palma Arena, pero se acogió a su derecho a guardar silencio. Sin embargo, el empresario sí que llegó a negar haber pagado sobornos al PP para su sede central. Su silencio ha complicado el esclarecimiento del caso.
De Santos explicó que existió el proyecto de urbanizar los terrenos de Son Busquets y Automóviles. La fórmula barajada era que el ministerio de Defensa cediera los solares; después se crearía una sociedad mixta de capital público y privado para hacer las viviendas.
El testigo de cargo añadió que Pinal le dijo que se había reunido con el president del Govern Jaume Matas y pactado con él que la sociedad mixta sería de mayoría pública (51% del accionariado) y que Bruesa tendría el otro 49% restante. La idea era adjudicar el proyecto a dedo mediante un convenio urbanístico y sin convocar un concurso.
Antonio Pinal presumió ante el concejal de Urbanismo de ser amigo del PSOE y del PP, partidos a los que habría financiado ilegalmente. Pinal negoció también con los socialistas y, según relató a De Santos, mantuvo estrechos contactos con el mallorquín Joan Mesquida, entonces director general de Infraestructuras de Defensa. El constructor añadió que Joan Mesquida le mandó una carta con los planes del ministerio para los antiguos cuarteles palmesanos. De acuerdo con Pinal, el director general le informó de la idea de urbanizar mediante una sociedad mixta, que se sacaría a concurso.
Pinal enseñó una carta de Defensa al regidor de Urbanismo en el despacho de Jaume Matas, a donde De Santos había sido convocado por el president, que dejó solos al edil y al constructor.
El testigo de cargo aseveró ante el fiscal anticorrupción, y más tarde ante el juez José Castro, que él no era partidario de la adjudicación directa y que veía más adecuado convocar un concurso público abierto para que se presentaran las empresas que quisieran. De Santos también deseaba que Defensa participara en el consorcio público.
