La fiscalía anticorrupción reclama un año de cárcel para Miguel Romero, el publicista que ayudó al PP a financiar irregularmente sus campañas electorales, por inflar, en 30.000 euros, la maqueta del velódromo público Palma Arena. Ayer el juez José Castro abrió juicio oral contra Romero y contra Ezequiel Mora, el experto que construyó la citada maqueta.
Los hechos se remontan a 2006 cuando la empresa GR-1, propiedad de los hermanos y arquitectos Luis y Jaume García Ruiz, recibió del Govern de Jaume Matas el encargo, sin concurso de por medio, de redactar el nuevo proyecto del velódromo y dirigir las obras de construcción del mismo. Los arquitectos recibieron por esos servicios casi 8,6 millones de euros de fondos públicos.
Primera factura
Ese contrato prevía la construcción de una maqueta del velódromo, un encargo del que se ocupó Miguel Romero, un empresario afín al PP y que también realizó campañas publicitarias en torno al Palma Arena con fondos públicos. Romero encomendó la fabricación de la miniatura a la empresa alicantina Maquetismo S.L. El coste de ese trabajo ascendió a unos 27.000 euros, que fueron facturados por Maquetismo a Iberpacic, una sociedad del grupo Nimbus.
La presunta malversación se habría cometido después cuando Romero decidió, según el fiscal y la acusación particular en nombre del actual Govern, inflar el coste de la reproducción a escala. El acusado facturó así a GR-1 57.000 euros, 30.000 euros más de lo que le había costado la maqueta.
Los García Ruiz abonaron a Nimbus esa factura con fondos públicos, tal y como resaltan las dos acusaciones.
La fiscalía imputa a Mora un presunto delito de falsedad de documento público que habría cometido al extender para Romero una segunda factura falsa para justificar en parte los sobrecostes de la maqueta. Según este documento, el traslado de la miniatura desde Alicante a Palma costó unos 8.400 euros más, aparte de los 27.000 facturados inicialmente.
El ministerio fiscal solicita para Ezequiel Mora 6 meses de prisión por la supuesta falsedad documental.
A Miguel Romero, que aparece imputado en otras piezas separadas del Palma Arena y aparece en una sentencia firme como cooperador en la financiación irregular del PP balear, se le atribuyen sendos de delitos de malversación de caudales públicos y falsedades. La pena conjunta por los dos delitos asciende a un año de privación de libertad.
El magistrado en su auto de apertura de juicio oral dictado ayer señaló una fianza de responsabilidad civil para Miguel Romero de 40.000 euros. El juicio por estos hechos se celebrará en la Audiencia de Palma.
Delito electoral
El exgerente del PP balear Fernando Areal, cuñado del expresidente autonómico Jaume Matas, confesó hace un año ante el juez que cometió un delito electoral al pagar con dinero negro a Nimbus gastos de la campaña autonómica de 2007 y fue condenado por ello a 1 año y medio de prisión y 15.000 euros de multa. Areal aceptó la condena de cárcel, que no ha cumplido, a cambio de una rebaja de la petición inicial de la pena que reclamaba la fiscalía, que era de 3 años de reclusión. Nimbus realizó, entre abril y mayo del año 2007, trabajos para el PP en negro por cerca de 72.000 euros.
