El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha solicitado al juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, que abra juicio oral por la pieza número 10 de la causa, centrada en la adjudicación presuntamente irregular de las obras que constituyeron los preliminares para la posterior construcción del velódromo palmesano, auspiciada por el expresidente del Govern Jaume Matas, y que supusieron un supuesto desvío de 60.000 euros públicos.

En su escrito de calificación figuran como acusados el exdirector general de Deportes del Govern y medallista olímpico José Luis -Pepote Ballester así como los constructores Jaime Navarro, Juan Marqués y Juan Bibiloni, todos ellos por delitos de fraude a la administración y prevaricación.

En concreto, Horrach pide seis meses de cárcel, a sustituir por una multa de 1.080 euros, para Marqués y Bibiloni, mientras que no reclama pena para Ballester y Navarro al haber sido ya condenados en su día por hechos relacionados con los de esta pieza.

Los hechos se remontan a la génesis de la ejecución del Palma Arena, considerada como la infraestructura estrella del último mandato de Matas e investigada desde hace más de siete años por un presunto desvío de más de cincuenta millones de euros.

Entre los trabajos preliminares a adoptar y que centran esta pieza separada se encontraba el derribo de unas naves que permitiera dar inicio a las obras, el cerramiento del pabellón deportivo de Sant Ferran, la demolición de unas farolas y la creación de accesos viales. Las obras necesarias para llevar a cabo estas actuaciones previas alcanzaban un importe aproximado de 60.000 euros.

Según los investigadores, la contratación fue articulada en favor de empresarios que se encontraban entonces proyectando la construcción de una vivienda unifamiliar para el medallista olímpico Ballester y que ya habían sido beneficiados con adjudicaciones directas relacionadas con el polideportivo Príncipes de España.

Según Horrach, Ballester, a efectos de desarrollar dichas obras sin tener que someterse al procedimiento a concurso público que exigía imperativamente el importe de los trabajos, decidió fraccionar las obras en dos partes y presuntamente amañó el contrato