La cúpula de Turismo del PP en la anterior legislatura sabía antes de aprobar la adquisición del destartalado hotel Rocamar con fondos públicos que se iba a beneficiar al jefe de los inspectores turísticos de la Conselleria. El casi millón de euros que se pagó por el solar y el edificio abandonado fue a manos de Josep Francesc Ensenyat y su familia, como destapó Diario de Mallorca a mediados de 2013. Uno de los imputados en el caso Rocamar, el asesor jurídico Josep Oliver, declaró el lunes al juez que el organismo responsable de la compra -formado entre otros por los exconsellers Carlos Delgado y Jaime Martínez- "conocía" que los Ensenyat estaban vinculados con el Rocamar.
El juzgado de instrucción número uno de Palma y la Fiscalía Anticorrupción tratan de esclarecer si el Govern abonó un sobreprecio de más de 1,3 millones de euros por el Rocamar, en un supuesto pelotazo urdido en la propia Conselleria con la connivencia entre cuatro altos funcionarios y cargos políticos.
De vacaciones
Ensenyat, el principal encausado en este proceso, admitió el lunes ante el magistrado que recibió "doscientos y pico mil euros" de la operación, y el resto se lo repartieron sus padres y su hermana. Lo justificó por un préstamo que su familia había hecho al propietario del Rocamar, Francisco Castañer, poniendo el hotel como aval, y que se canceló el mismo día de la compra pública. Ensenyat está ahora de vacaciones en su puesto de la Conselleria, y ha anunciado que pedirá una excedencia coincidiendo con el punto culminante de la investigación.
En el interrogatorio del lunes, los técnicos imputados negaron haberse confabulado para favorecer a su colega. Aseguraron que se enteraron a posteriori de que Ensenyat había sido el beneficiario de la compraventa, y que no recibieron instrucciones de nadie para apoyar con sus informes la operación bajo sospecha.
Sin embargo, Josep Oliver, jefe de los servicios jurídicos de Turismo, afirmó al juez que la cúpula de la Conselleria aprobó la adquisición del Rocamar a sabiendas de que se beneficiaría a Ensenyat: "Cuando la junta rectora acordó comprar el hotel ya se sabía la carga de quién era", aseveró el imputado al preguntarle si sabía que el establecimiento era de Ensenyat.
La junta rectora a la que aludió Oliver estaba presidida entre otros por el conseller de Turismo, Carlos Delgado, y el entonces director general de Turismo Jaime Martínez (también imputado en este caso). El propio Oliver era el secretario de dicho organismo.
La afirmación del asesor jurídico de la Conselleria tiene soporte documental. En un acta de la junta rectora citada, de fecha 30 de julio de 2012, se aprobó "adquirir el hotel Rocamar en los términos expresados en el acuerdo de compraventa del 10 de julio".
En dicho documento el Govern se compromete a abonar 971.671 euros por el hotel, y se estipula que en el mismo acto del pago "se procederá a cancelar el préstamo con garantía hipotecaria" entre los padres de Ensenyat y Castañer, dueño oficialmente del hotel.
El Govern formalizó la compraventa ante notario el 12 de septiembre de 2012, por el precio fijado, y efectivamente se canceló el préstamo en cuestión. Posteriormente el jefe de la Inspección Turística recibió vía transferencia bancaria 217.000 euros del dinero público abonado.
No se leyeron las tasaciones
Josep Oliver declaró también que informó sobre las tres tasaciones externas para valorar el precio del hotel sin haberlas visto. Lo mismo reconoció Bartomeu Alcover, el jefe de los servicios comunes. El juez les inquirió sobre cómo pudieron dictaminar qué peritaje era el más idóneo para los intereses de la Administración si no los habían examinado. Ambos huyeron por la tangente.
