Adiós definitivo al Nivel 33 (si los tribunales no terminan sentenciando lo contrario). El polémico complemento retributivo para los funcionarios que regresan a su plaza, tras haber sido dos años consecutivos determinados altos cargos, pasó ayer a la historia. Después de haber suspendido el Govern su abono desde el uno de enero de este año, el pleno del Parlament aprobó con un amplio consenso la proposición de ley de Ciudadanos (C´s) que da carpetazo a la percepción de este plus salarial a unos centenares de expolíticos.
PSOE, Podemos y Més votaron a favor con Ciudadanos, mientras que El Pi se abstuvo (aunque dejando claro que "está en contra" del Nivel 33). El PP se quedó solo en la defensa del complemento, protestando por los "apuros" económicos que, en palabras de su diputada Antònia Perelló, se provocará ahora "a familias" enteras "de un día para otro". "Quina barra!", se escuchó en ese instante desde la bancada socialista en alusión a Perelló, que tiene consolidado el Nivel 33 al igual que su marido (ocuparon dos cargos con el PP de Bauzá la pasada legislatura).
Pese al aplauso mostrado en público, lo cierto es que el PSOE ha acogido con notable división esta medida, ya que muchos ex altos cargos cobraban hasta el año pasado el plus y su supresión les ha indignado. De hecho, se prevé que algunos acudan ahora a los tribunales juntamente con afectados del PP, el partido más ´damnificado´.
"Los políticos debemos dar ejemplo, y una manera es renunciando a los privilegios que llevan implícitos los cargos", afirmó Xavier Pericay. "Lo que hacemos hoy es reparar una injusticia, y creo que debemos estar contentos", sostuvo el portavoz de C´s, que recalcó que su partido "defiende la regeneración política", y puso como ejemplo esta iniciativa legislativa.
"Privilegio indecente"
En su intervención, Montse Seijas, de Podemos, hizo un juego de palabras con las repercusiones económicas para el bolsillo de los ciudadanos de "pasar de tener altos cargos a altas cargas". La diputada recordó que la implantación del Nivel 33 fue obra "de Felipe González", que luego se extendió a las autonomías.
Jaume Matas modificó la ley para que hubiera un mayor número de beneficiarios, contentando también a la UM de Maria Antònia Munar. "Vaya regalo se hicieron a sí mismos los funcionarios ejercientes de políticos", criticó Seijas, tachando al complemento de "indecente" y "privilegio decimonónico".
La diputada del PSOE María José Camps denunció que el Nivel 33 "es un privilegio que genera desigualdades entre trabajadores públicos y del ámbito privado", ya que estos últimos no tienen posibilidad de dicha retribución.
"No constituye un privilegio por mucho que ustedes lo repitan. Es un derecho", expresó su rechazo Antònia Perelló. Con la supresión, "frustran expectativas legítimas" de funcionarios a entrar en política activa a cambio de después ver recompensado pecuniariamente "este servicio a la ciudadanía". Perelló llegó a decir que manifestaba su postura "personal", ya que su grupo estaría dispuesto a apoyar "una supresión en diferido" del complemento, solo para aquellos que aún no lo tienen reconocido.
"Así como lo hacen ahora no se hace bien", aseguró, decantándose porque la Justicia terminará tumbando la derogación aprobada ayer. Y vaticinó: "Nadie tendrá interés ahora en hacer estas funciones", refiriéndose a un efecto disuasorio para que los funcionarios accedan a ser políticos.
"Si no existiera el Nivel 33 ¿Alguien se atrevería hoy a ponerlo? No", reflexionó en voz alta Antoni Reus. El diputado de Més aseveró que la eliminación "se hace con garantías", recordando que Extremadura, Asturias, Galicia y Castilla La Mancha se adelantaron, "y la jurisprudencia les ha avalado".
"Defendemos la seguridad jurídica", enfatizó Jaume Font. "Nos guste o no, el Nivel 33 es un derecho adquirido. El Pi está en contra, pero si no se hace bien podemos terminar pagando" elevadas indemnizaciones, alertó. El Pi proponía como alternativa una eliminación progresiva para los que ya lo cobraban. No obstante, se abstuvo para evidenciar su oposición en el fondo.
