Síguenos en redes sociales:

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Los constructores acusan al Govern de hacer peligrar empresas por su morosidad

Economía

Los constructores acusan al Govern de hacer peligrar empresas por su morosidad

Denuncian que la comunitat autónoma y empresas públicas como Ibisec, Abaqua o Ibavi llegan a sextuplicar el retraso máximo en los pagos permitido por la ley - Se aplaude el cumplimiento de los consells Insulars y los ayuntamientos, pese a que su demora se mueve entre los 30 y los 90 días

La legislación sobre morosidad da a las administraciones públicas un plazo de 30 días para pagar a sus contratistas. Las empresas ni siquiera reclaman un cumplimiento estricto de ese margen, y señalan que pueden soportar incluso demoras de hasta 90 días sin demasiados dramas. Pero cuando ya se superan los 120 días, e incluso los 180, lo que se está haciendo es poner en peligro lasupervivencia de estas compañías, según se advierte desde la patronal de constructores de Balears. Y esta última situación es la que se está viviendo en estos momentos en sus relaciones con el Govern balear y muy especialmente con tres de sus empresas públicas, según subraya el director de la citada organización empresarial, Bartolomé Mayol. Esta herida es especialmente profunda en el caso del Ibisec, responsable del mantenimiento, reforma y construcción de centros educativos; Abaqua, encargada de las infraestructuras hidráulicas; e Ibavi, promotora de viviendas protegidas.

El balance que desde esta patronal se hace respecto al cumplimiento de los plazos de pago es, con carácter general, positivo, de ahí que se insista que el objetivo no es atacar a gobiernos de un determinado color político, sino denunciar a los más incumplidores.

Así, se valora la media de pago de los consells insulars, que se mueve entre los 30 y los 90 días, según apuntan las empresas contratistas consultadas, unos márgenes que se mantienen dentro de lo aceptable para estas compañías. No se oculta que hay proyectos concretos en los que esos límites son superados, pero se reconoce que se trata de casos "puntuales".

También se aplaude el comportamiento de los ayuntamientos mallorquines (en la lista negra de estas empresas solo aparecen los consistorios menorquines de Maó y Ciutadella). En general, los pagos municipales, indistintamente de su color político, oscila entre los 30 y los 60 días, con algunos que pueden acercarse a los 90. Aquí también aparecen algunos proyectos en los que se puede llegar a los 120 días, pero de nuevo con carácter puntual. En estos casos, lo que lamentan las empresas constructoras es su constancia de que estas demoras no se suelen deber a una puntual falta de dinero, sino que vienen derivadas de deficiencias en la gestión. Pese a lo expuesto, se insiste en que la morosidad municipal en Mallorca y Eivissa se mueve en unos niveles tolerables.

El 'agujero' del Govern

Pero cuando se analiza la situación del Govern de Francina Armengol, el discurso de los constructores cambia radicalmente, y contra el Ejecutivo autonómico se lanza una dura acusación: sus demoras medias resultas intolerables y además están poniendo en peligro la supervivencia de muchos contratistas y los empleos que estos generan. Con un agravante: desde que se inició la actual legislatura municipal y autonómica, comienza a detectarse un aumento en los retrasos en los pagos de las administraciones públicas, aunque de momento es moderado.

Pero tal y como insiste en señalar Bartolomé Mayol, cuando el retraso alcanza los 120 días, "estamos ante un desastre" para las empresas contratistas. Y este plazo es sobrepasado en muchas ocasiones por la comunitat autónoma, especialmente por algunas de sus empresas públicas. A ello se suma el que es una administración que cada vez ejecuta menos obra pública, y además con la etiqueta de 'mal pagador'.

Pero aunque los proyectos sean escasos, son importantes. Como se ha indicado, en la lista de morosos de primera categoría la asociación balear de constructores incluye al Ibisec, empresa responsable de las infraestructuras educativas y, consecuentemente, de la reforma, mantenimiento o construcción de centros escolares. Las quejas de las empresas del sector respecto a este organismo datan de mucho tiempo atrás.

También se señala en este grupo a la empresa pública Abaqua, cuyo listado de actuaciones es extenso, como el mantenimiento de las depuradoras, la captación y distribución de agua o la conservación y mejora del dominio público hidráulico.

La lista la cierra el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), aunque en este caso su actividad se ha visto muy reducida y actualmente tiene en venta poco más de un centenar de pisos.

Esta es una noticia premium. Si eres suscriptor pincha aquí.

Si quieres continuar leyendo hazte suscriptor desde aquí y descubre nuestras tarifas.