El presidente del PP de Palma y exconseller del Govern, José María Rodríguez, negó ayer que hubiera exigido una comisión económica a un empresario, a cambio de una contratación pública. Era la primera vez que directamente en un juicio se le preguntaba al político del PP si exigía el pago de estas dádivas, aprovechándose de su cargo públicoaprovechándose de su cargo público. El presidente de la Audiencia le advirtió, antes de que contestara a esta pregunta que, pese a que estaba declarando como testigo y no como imputado (no tenía a ningún abogado que pudiera defenderle), no tenía la obligación de responder. Rodríguez cuestionó la pregunta que le habían formulado e incluso la consideró "ofensiva", aunque el juez no la interpretó de la misma manera. El político negó, en cualquier caso, que hubiera exigido el pago de una comisión a cambio de dicha contratación pública.

Este episodios tuvo lugar durante el juicio que se celebró ayer contra el antiguo gerente del servicio de emergencias 112. La fiscalía inicialmente le imputaba un delito de prevaricación administrativa, si bien debido a la falta de pruebas, al final retiró la acusación. El exgestor, José Antonio A.A., será finalmente absuelto.

Los hechos versaban sobre la convocatoria de un negociado para la puesta en marcha de un nuevo sistema informático de gestión de cuadrantes de turnos del personal de este servicio público. A la propuesta se presentaron dos empresas del sector. El entonces gerente era la persona encargada de estudiar las ofertas y decantarse por una de ellas. La fiscalía cuestionaba que pudiera realizar un informe sobre la valoración técnica del programa informático, cuando no era experto en esta materia.

El exgerente explicó que por su condición de graduado social está acostumbrado a trabajar con estos programas informáticos, por lo que se consideró capacitado para valorar los diferentes proyectos. Tuvo que explicó el contenido del informe, que fue aprobado por el entonces conseller de Interior, en el que realizaba unas puntuaciones sobre unos aspectos del programa que no aparecían en el pliego de condiciones técnicas que fue remitido a las empresas que se ofrecieron a desarrollar este proyecto. El exgestor del servicio de emergencias detalló que se asesoró con personal de la conselleria y que se decantó por uno de los proyectos por ser técnica y económicamente más interesante. Negó, en cualquier caso, que conociera previamente a los responsables de las dos empresas técnicas que se habían presentado a esta contratación, y aclaró que nunca se reunió con ninguno de estos directivos.

El acusado no fue quien adjudicó el contrato. No tenía atribuciones para ello. Únicamente representaba a la mesa de contratación, que en este caso era unipersonal. La persona que adjudicaba el contrato era el presidente de la empresa pública, que recaía en la figura del conseller de Interior, José María Rodríguez.

El presidente del PP de Palma explicó que en este tipo de procedimientos de contratación siempre se guiaba por el informe que elaboraban los técnicos de su conselleria. Aunque tenía la atribución legal de anular cualquier propuesta de contratación, lo lógico es que estos informes se aprobaran. La fiscal insistió en si en algún momento se había reunido con los empresarios que se presentaron al concurso. Rodríguez respondió en que no lo recordaba.