El juez Castro también investiga si alguna empresa vinculada a Florentino Pérez, el adjudicatario del concurso para construir y explotar el hospital público de Son Espases, pagó las obras de reforma de la sede central del PP, en la calle Génova de Madrid. El partido conservador ha enviado a Castro parte de la documentación requerida y le ha informado de que el resto se halla en poder de la Audiencia Nacional, donde se investigan delitos fiscales cometidos durante esa rehabilitación, y a donde Castro reclamará una copia de esos documentos.
Los investigadores del caso Son Espases sospechan que Juan Miguel Villar Mir, máximo accionista de la constructora OHL, a la que el Govern de Matas adjudicó en primer momento el contrato para el hospital, y Florentino Pérez, propietario de Dragados, la empresa que finalmente ganó el concurso, pudieron pagar comisiones millonarias al PP.
Una línea de investigación abierta el lunes por el magistrado mallorquín pretende esclarecer si OHL y Dragados abonaron ese soborno pagando parte de las obras de reforma de la sede del número 13 de la calle Génova.
Alguna filial
Castro ha recabado al PP toda la documentación que obre en su poder sobre las reformas en sus oficinas centrales entre 2002 y 2010, con especial interés en las constructoras que hicieron los trabajos y en las subcontratas que participaron en los mismos.
El juez ha pedido también todas las facturas y justificantes de los trabajos de modernización del edificio, que se fue remodelando por plantas a lo largo de varios años.
El magistrado quiere aclarar si alguna filial o compañía vinculada al grupo Villar Mir y/o a ACS, la matriz de Florentino Pérez a la que pertenece Dragados, participó en esas reformas y cuánto y cómo facturaron por sus servicios. El juez y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach sospechan que el Govern de Jaume Matas adjudicó en 2006 a OHL el concurso de Son Espases, aunque luego se echó atrás y acabó dándole la mayor obra pública de Balears a una UTE liderada por Dragados, la empresa vinculada a Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid.
Los investigadores creen que Villar Mir, que está imputado en el sumario, pagó una comisión millonaria por adjudicarse las obras y explotación de Son Espases. El empresario, y exministro, ha negado con rotundidad haber entregado esa dádiva y ningún otro soborno en su vida por una obra pública.
Diez millones de euros
En el caso Son Espases ha declarado como testigo el exedil de Urbanismo en Palma Javier Rodrigo de Santos, que afirma haber oído que el president del Govern Jaume Matas pidió 10 millones de euros de soborno a Florentino Pérez por la adjudicación de Son Espases. Según De Santos, el también presidente del Real Madrid se negó a pagar esa mordida.
Castro deberá decidir si cita a Florentino Pérez y en calidad de qué lo emplaza. El empresario declaró en la fiscalía anticorrupción de Madrid como testigo, pero en Palma podría ser interrogado como imputado.
Existen serias sospechas de que el PP de Balears y/o el PP nacional exigió por el concurso de Son Espases una elevadísima comisión o soborno.
Florentino Pérez fue preguntado a ese respecto en la fiscalía de Madrid y negó haber recibido peticiones de comisiones por parte de Jaume Matas u otro dirigente del PP, haber pagado sobornos y haber realizado donativos ilegales a ese partido político. El instructor no tomará una decisión sobre el dueño del grupo ACS hasta que acabe la segunda ronda de testigos, que está prevista para los días 4, 5 y 6 de noviembre, y hasta que estudie la documentación de las obras de Génova 13.
Florentino Pérez explicó que es dueño de 1500 empresas y solo es presidente de ACS, la matriz del grupo. El resto de sociedades tiene sus presidentes, consejeros delegados y órganos de gestión y él, como propietario, nombra a los gestores y supervisa todo lo que hacen.
El presidente del Real Madrid negó haber manifestado al hotelero Miquel Fluxà que Jaume Matas le exigía 10 millones por Son Espases y añadió que nadie del Govern del PP le pidió dinero por ese contrato. Pérez rechazó haber hablado con la cúpula nacional del PP sobre el hospital y que tampoco desde Génova 13 le pidieron comisión alguna por aquel contrato público.
