El juez José Castro está investigando, dentro del caso Son Espases, si Juan Miguel Villar Mir, máximo accionista de la constructora OHL, pagó las obras de reforma de la sede nacional del PP en la calle Génova, a cambio del contrato para construir y explotar el hospital público del mismo nombre. Castro requirió ayer, con la máxima urgencia, a la presidencia del PP nacional, que ocupa Mariano Rajoy, para que le remita toda la documentación y justificantes sobre esos trabajos y relativos al período 2002 al 2010. El PP respondió ayer por la tarde al requerimiento del juez y envió a Castro la documentación que pedía y que estaba en posesión del partido, según informaron a Europa Press fuentes de la dirección nacional del partido.
El juez y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach sospechan que el Govern de Jaume Matas adjudicó en 2006 a OHL el concurso de Son Espases, aunque luego se echó atrás y acabó dándole la mayor obra pública de Balears a una UTE liderada por Dragados, la empresa vinculada a Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid.
Los investigadores creen que Villar Mir, que está imputado en el sumario, pagó una comisión millonaria por adjudicarse las obras y explotación de Son Espases. El empresario, y exministro, ha negado con rotundidad haber entregado esa dádiva y ningún otro soborno en su vida por una obra pública.
Los papeles de Bárcenas
Villar Mir estuvo imputado en la causa de los llamados papeles de Bárcenas, porque un informe policial apuntaba a que había hecho donativos al PP por cerca de medio millón de euros. El también catedrático de Derecho Administrativo rechazó ante el juez Ruz haber entregado fondos al PP, aunque admitió que sí donó dinero (45.000 euros anuales) a FAES, una fundación ligada a la fuerza conservadora.
Ruz, finalmente, exculpó a Villar Mir y a otros empresarios que aparecían como donantes en la contabilidad en B del extesorero del PP Luis Bárcenas.
Según la exconsellera de Salut en el Govern Matas, la imputada y arrepentida Aina Castillo, un ejecutivo de OHL, el jefe de la sección de hospitales y también encausado José Magán, le amenazó con que Génova (el PP nacional) estaba molesto porque el hospital de Son Espases no se adjudicó a su empresa y sí a la de Florentino Pérez.
Magán rechazó ante el juez Castro haber dirigido esa frase a la consellera Castillo.
Subcontratas y contratas
Castro pidió ayer al partido una completa relación de las obras de remodelación en su sede de Génova 13, durante los años 2002 al 2010. También le reclamó el nombre de las constructoras que hicieron esas reformas y de las empresas que fueron subcontratadas para los mismos trabajos.
La última documentación requerida son las facturas originales que acrediten el pago de las obras.
Villar Mir es el dueño, junto con su familia, de un imperio empresarial que lleva su apellido (el grupo Villar Mir) y del que OHL es un apéndice.
Castro quiere aclarar si alguna empresa vinculada a ese holding trabajó para el PP nacional en el edificio de Génova.
El juez Pablo Ruz, ofreció, el pasado febrero, a la Agencia Tributaria la posibilidad de emprender acciones como perjudicada por los presuntos delitos fiscales detectados por parte de la empresa Unifica en las obras de reforma de la sede nacional del PP en la calle Génova.
Ruz adoptó esa decisión tras recibir un informe de la Unidad de Auxilio de la Agencia Tributaria (AEAT-ONIF) en el que se analizó la documentación correspondiente a trabajos y obras ejecutados por Unifica Servicios Integrales, empresa del arquitecto Gonzalo Urquijo, imputado en la causa en la que se investiga la supuesta existencia de una caja B en el PP.
A la vista de éste y otros informes sobre las obras de modernización de la sede el PP, Ruz observó que podríamos encontrarnos, entre otros, "ante uno o más delitos contra la Hacienda Pública", por lo que la Agencia Estatal de Administración Tributaria figuraría como perjudicada por los mismos.
En un informe de octubre del año pasado, la Agencia Tributaria cuantificó en 1,7 millones de euros el dinero en negro que supuestamente pagó el PP por las obras de rehabilitación de su sede nacional en la calle Génova, al constar que en 2006 pagó con 750.095 euros procedentes de "fondos ajenos al circuito económico legal" las obras en la planta baja.
Ese informe ampliaba otro anterior en el que Hacienda analizaba en primer lugar, al no estar prescrito en esos ejercicios el delito fiscal, la facturación por los trabajos ejecutados de 2008 en adelante en otras plantas y en los que también constató diferencias entre las cantidades que figuran en las facturas requeridas al partido por esos servicios y las incautadas a la empresa Unifica.
Según ese informe, esas diferencias de facturación fueron de 211.160 euros en la segunda planta, de 256.426 en la tercera, de 217.879 en la cuarta y de 274.880 en la quinta. Esas cantidades sumaba 960.345 y a eso se añadieron después los 750.095 euros de diferencia en facturaciones en la planta baja, lo que equivale a un total de 1,7 millones de euros.
