Maria Antònia Munar no quiere que la magistrada Mónica de la Serna presida el juicio con jurado popular, en el que ella será juzgada por supuestamente recibir un soborno económico, a cambio del amaño del concurso de Can Domenge. Por este motivo, su defensa presentó ayer un escrito en la Audiencia de Palma planteando la recusación de la magistrada. Alega que Mónica de la Serna formó parte del tribunal que juzgó la primera parte del caso Can Domenge y que la condenó a cumplir seis años de prisión. La defensa entiende que la participación en este juicio podría influir en la valoración que realice la juez en este segundo juicio y que ello podría afectar a la decisión del jurado.
En los juicios con jurado popular la Audiencia desarrolla un sistema de reparto. Se nombra a un magistrado para cada caso y éste se encarga, no solo de presidir y dirigir el debate del juicio, sino de todos los detalles previos a su celebración.
Ante la recusación planteada ayer por Maria Antònia Munar, la Audiencia aplicará los protocolos que establece la ley ante estas situaciones. Se tendrá que nombrar a un magistrado para que actúe de instructor y será quien valore si existe algún motivo que justifique la recusación de la magistrada. Si entiende que la defensa tiene razón, automáticamente se nombrará a otro juez para que presida este juicio. Antes de adoptar cualquier decisión se solicitará a la juez Mónica de la Serna que elabore un informe en el que deberá pronunciarse si considera que existen motivos o no para que Munar la recuse.
Aunque todavía no hay fecha para que se celebre el juicio, este incidente procesal podría retrasarlo. Munar está en un proceso de negociación con la fiscalía, que pasaría por confesarse culpable en este caso, que supondría la confesión de que recibió un soborno económico a cambio de amañar el resultado del concurso. Al mismo tiempo, se comprometería a devolver el dinero.
Si no alcanza un pacto con la fiscalía, las posibilidades de conseguir un veredicto de inocencia son muy limitadas. Los otros cuatro acusados han confesado que detrás de la operación de Can Domenge se produjo un pago a los políticos de Unió Mallorquina de cuatro millones de euros. Dos excompañeros del partido de Munar han confirmado que la expresidenta de UM, que negó en el anterior juicio que hubiera participado en el amaño, también recibió una importante parte del dinero que pagó el constructor que adquirió el solar público.
El acuerdo que negocia Munar no solo afectaría al caso Can Domenge, sino también al resto de causas que aún tiene pendiente en los juzgados de Palma.
