María Antònia Munar no quiere volver a sentarse en el banquillo por las otras causas de corrupción que aún tiene pendientes, sin haber alcanzado un acuerdo con la fiscalía. Y por ello está dispuesta a reconocer los delitos que le imputan, incluso el cobro de comisiones ilegales, a cambio de una sanción menor, además del pago de una multa económica, según han señalado fuentes próximas a la negociación.
Sin embargo, este acuerdo no será inmediato. Se escenificará después de que quede resuelto el juicio de la segunda parte del llamado caso Can Domenge. Precisamente por la venta de este solar público, a la mitad de su precio real, la expresidenta de UM fue condenada a seis años de cárcel, sanción que está cumpliendo en este momento.
Todavía no se ha señalado la fecha del juicio de este caso. Esta vez se la juzgará, únicamente, por haber aceptado un soborno, a cambio de manipular un proceso público para vender al solar al empresario que había pagado este dinero. Román Sanahuja ha confesado que para conseguir el solar junto al cementerio tuvo que pagar un soborno de de cuatro millones de euros, a través de dos entregas que recibió un emisario de UM. Hasta cuatro personas han confesado que este cobro existió y que el dinero fue repartido entre los antiguos dirigentes del partido, es decir, Maria Antònia Munar, Miquel Nadal y Bartomeu Vicens, sin olvidar la parte que se destinó a los gastos de la formación. Nadal y Vicens, ambos en prisión, han confesado que cobraron este soborno y han asegurado que Munar también entró en la rueda de reparto, aunque ella lo ha estado negando hasta el momento.
Parece prácticamente imposible que Munar pueda salir absuelta del segundo juicio del caso Can Domenge, que precisamente se celebra ante un jurado popular. Y sus abogados le han dejado bien claro la dificultad que supondrá para ella afrontar este juicio ante las pruebas que la incriminan. El fiscal le pide cuatro años de cárcel por cohecho, pero está dispuesto a negociar, siempre y cuando Munar acepte que cobró comisiones y que está dispuesta a devolver el dinero.
Sanción suficiente
La fiscalía entiende que por el amaño de Can Domenge la política de Unió Mallorquina ya está cumpliendo una larga pena de prisión, por lo que se considera que este caso está más que sancionado. De ahí la disposición a llegar a un acuerdo con Munar, para que el juicio con jurado se convierta en un simple trámite, ya que todos los acusados habrán alcanzado un pacto antes de que se celebre la vista. Pero al margen del tiempo que dure el juicio y que Munar ni siquiera tenga que explicar las razones por las que aceptó el soborno, para la fiscalía sería la demostración de que los hechos que denunció eran ciertos. Es decir, que detrás de la operación de Can Domenge hubo la voluntad política de vender el solar a un determinado empresario, que previamente había pagado comisiones ilegales. Y sería la primera vez que se demostraría que la antigua cúpula de Unió Mallorquina habría cobrado dinero de forma ilegal, aprovechando los cargos de responsabilidad en las instituciones que gobernaba el partido.
Según fuentes próximas a la negociación, la fiscalía tampoco contempla que Munar esté en la cárcel los próximos dos lustros. Ahora mismo cumple una condena de once años de prisión, ya que a la sanción del caso Can Domenge se suma el otro caso Vídeo U, por el que fue sancionada a cinco años de reclusión. Esta pena de prisión se considera más que suficiente por la gravedad de los delitos que cometió mientras ejerció de política, y ello facilita un acuerdo. Y Munar en estos momentos está dispuesta a confesarse culpable en todas las causas que le quedan pendientes, según han confirmado fuentes próximas a la negociación. Pero además de confesarse culpable, se le exige el pago de un importante cifra económica. Munar sigue contando con el apoyo de sus familiares, que en estos momentos también son partidarios de que se llegue a un pacto con la fiscalía. El principal objetivo es que no cumpla mucho más tiempo de prisión de lo que hasta ahora han establecido los jueces, que es de once años.
Las fuentes han señalado que a partir del momento que se cierre el acuerdo por el caso Can Domenge, en el que lógicamente Munar tendrá que pasar por el vergonzoso trance de reconocer públicamente que fue una política corrupta que aceptó el pago de comisiones, se acelerará el proceso para alcanzar un acuerdo definitivo sobre el resto de causas. Se le exigirá también que confiese su culpabilidad, pero la sanción que se le pedirá no será muy elevada, ya que la fiscalía estaría dispuesta a aceptar que se apliquen las atenuantes de reparación y de confesión.
