Los colegios del Parc Bit vinculados al Opus Dei, Aixa y Llaüt, podrían tener que devolver dinero a Educación si, una vez finalizado el proceso de revisión emprendido por la Conselleria, se concluye que no tenían derecho a los conciertos que les adjudicó el anterior equipo mediante un acuerdo.
Ahora bien, la Conselleria podría tener que afrontar también un desembolso importante ya que ese acuerdo firmado y ahora puesto en entredicho le sirvió para no abonar unos pagos a los que los centros tenían derecho según una sentencia judicial y que , ante este nuevo panorama, podrían volver a reclamar.
En julio del año pasado la Conselleria que dirigía Joana Maria Camps firmó este acuerdo tras una sentencia del TSJB de marzo que reconocía el derecho al concierto de siete clases de Primaria de estos colegios, conocidos por ofrecer educación diferenciada (segregando a los alumnos por sexo).
Dicha sentencia señalaba que estos colegios tenían este derecho desde el curso 2013-2014 y que por tanto podían exigir el pago de esos conciertos no abonados ya desde el curso anterior, lo que suponía afrontar una indemnización notable para la Conselleria (el concierto por unidad está entre 30.000 y 40.000 euros por curso).
Así, Educación firmó un acuerdo con los centros, cuya titularidad es de Promociones Educativas S'Embat, y a partir del curso 2014-2015 se les concertó toda la Primaria (solo tenían Infantil y primero y segundo de Primaria). Para el curso próximo, el equipo de Núria Riera les reconoció también dos conciertos en el primer ciclo de ESO.
Cuando el socialista Martí March se puso al mando de la Conselleria el pasado junio se encontró con las advertencias de Intervención y sus dudas legales sobre cómo se había llevado a cabo este proceso, con lo que se decidió iniciar un proceso de revisión del mismo, como informó el director general Antoni Morante en la comisión de conciertos.
El BOIB de ayer publicó la resolución provisional que establece esta revisión, que en la práctica supone que estos centros pierden el concierto de ocho unidades a partir del próximo septiembre, a la espera de ver cómo concluye este proceso. Se quedan de momento con las seis de Infantil del colegio Aladern y con cuatro de Primaria, pero a partir del próximo mes ya no recibirán lo correspondiente a ocho unidades.
"Agotar las vías legales"
Desde estos colegios se anunció ayer su intención de recurrir la resolución provisional firmada por Morante y "agotar todas las vías legales posibles". Hace dos semanas ya emitieron un comunicado asegurando que todo el procedimiento se hizo "conforme a la ley".
Estos colegios indicaron que la medida podría afectar a unos 250 estudiantes, cuyas familias, que ya han hecho el pertinente proceso de matriculación, se encontrarían con que deben pagar por los estudios cuando se les había dicho que serían subvencionados por el Govern.
El proceso de revisión ahora empezado determinará si tienen derecho a estos conciertos que en este momento han quedado en el aire; si solo a algunos o si a ninguno. Dependiendo de como acabe el proceso por tanto, los colegios podrían verse obligados a devolver dinero, pero también la Conselleria podría enfrentarse a la reclamación del pago de las compensaciones que indicaba la sentencia judicial de marzo de 2014.
La historia de estos colegios y su lucha por los conciertos empieza bajo el Govern de Jaume Matas, que en 2006 firmó un acuerdo con la entidad Fundació Educació i Familia Illes Balears mediante el cual la Administración se comprometía a concertar una serie de clases a partir del curso 2007-2008 hasta el 2018-2019.
Galmés les denegó el concierto
En septiembre de 2007 estos colegios estaban preparados y autorizados para empezar a funcionar, pero tras las elecciones el PP abandonó el Consolat de Mar y asumió Educación Bàrbara Galmés.
La socialista les denegó la financiación apoyándose en una sentencia del Tribunal Supremo y al entender que no promovían la igualdad entre sexos. Dicha orden fue declarada nula dos años más tarde por una cuestión de forma (no pasó por el Consell Consultiu). Mientras, la asociación de padres de alumnos recogió miles de firmas a favor del concierto y presentaron recursos.
En septiembre de 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Balears reconoció el derecho al concierto de tres clases de Infantil y dos de Primaria para el curso 2007-2009. En esta línea, han ido saliendo diferentes sentencias que según la última resolución publicada en 2014 han sido "sistemáticamente desoídas" por la Administración demandada.
La conselleria de Joana Maria Camps trató de resolver la situación con un acuerdo que ahora el nuevo equipo ha dedicido revisar.
Los colegios por su parte siguen decididos a luchar por lo que aseguran que es un derecho que tienen más que reconocido a nivel legal.
